Casi todos los días aparecen noticias que dan cuenta de hechos delictivos, pero con la particularidad de que son cometidos por algunos funcionarios de la fuerza policial, lo que realmente empaña la correcta labor que despliegan muchos otros comprometidos con tan difícil tarea. La silenciosa tarea que cumplen funcionarios honestos se pierde frente al delincuente corrupto que se aprovecha de su poder para negocios espurios y llegan a la cobarde amenaza anónima, cuando un fiscal los «molesta».

¿Qué policía queremos? Este problema no es exclusivo de nuestra provincia, se da en casi todo el país, pero no por ello deja de ser urgente enfrentarlo, ya que la policía como institución es indispensable en la construcción democrática de nuestra patria. De allí que sea preciso poner en la mesa de debate el modelo policial al que se aspira, porque es evidente que el que existe no ha sido capaz de enfrentar la endemia de corrupción que aparece enquistada en sus filas. Por lo menos, desde que tuvimos la suerte de retornar a la vida democrática.

Nefasta autonomía. Lo primero que aparece con evidencia es la necesidad de quitarle toda posibilidad de autonomía a la organización policial, ya que ella debe depender y ser controlada directamente por civiles que cumplan funciones políticas, legitimadas por la democracia y limitadas por la Constitución y sus leyes.

Cambio estructural. El tema es complejo y requiere análisis profundos de especialistas para hacer un correcto diagnóstico y poder desarrollar una política de cambio estructural de una institución generada en épocas donde las concepciones sociales eran otras. Hace pocos años nadie pensaba en modificar la estructura judicial (como hace cinco intenta hacerlo Santa Fe). Hoy se insiste en llevar a la práctica las autonomías municipales consagradas en nuestra Constitución nacional. No se duda que temas como el del narcotráfico exige desarrollar estrategias en común con la Nación, ya que superan nuestros límites geográficos. El propósito de estas reflexiones es trazar a grandes rasgos lo que sería sin necesidad de grandes inversiones, un notable cambio de lo que hoy existe. En realidad de una sola policía provincial es posible generar tres diferentes.

1Una policía judicial: en primer lugar generar la policía judicial que dependa directamente de los fiscales. En ella se agruparían todos los actuales policías que se dedican a labrar los sumarios, los que trabajan en pericias y los detectives, que pasen a la investigación penal preparatoria del futuro y eventual juicio penal.

2Una policía municipal o comunal: en segundo lugar, pasar al ámbito municipal y comunal a los otros policías que se dedican a cubrir la función de seguridad en ciudades y pueblos, más los cuerpos de bomberos existentes. Los intendentes y presidentes comunales tendrían a su cargo las dependencias policiales y podrían programar responsablemente estrategias de seguridad en contacto directo con los vecinos que la reclaman.

3Una policía provincial: en tercer término, generar una policía especial que en todo el ámbito de la provincia esté capacitada para diseñar estrategias de seguridad en las rutas, y pueda responder a solicitudes concretas de un intendente o presidente comunal que lo requiera en un caso donde vea que sus fuerzas han sido superadas o que requieren conocimientos específicos. También para llevar adelante políticas de seguridad en aquellos temas que superen el ámbito de la municipalidad o comuna y actúe de común acuerdo con organismos nacionales o de provincias linderas. Esta última será la única policía que orgánicamente dependa del Poder Ejecutivo provincial.

Cambiar la agenda de debate. Este profundo cambio que en síntesis proponemos, o que por lo menos queremos instalar como debate, intenta superar aquellos discursos facilistas, que con viejas recetas ya fracasadas pretenden aumentar la represión y se quejan de quienes somos considerados «garantistas» porque defendemos la vigencia de la Constitución nacional. ¡Menos mal que hay jueces capaces de aplicar la ley y ponerle límites a la actuación policial irregular! Es que hay que comprender, que la llamada «lucha contra el delito» no se puede hacer sino dentro del marco de la ley procesal. ¿Por qué? Porque está en juego el ejercicio del poder más terrible que existe en la sociedad, o sea el poder penal, el poder meter en la cárcel a una persona, y quien así lo dispone no es el dueño de una verdad absoluta, sino que como puede equivocarse, se requiere que sea objeto de control.

Mis asombros provienen del sur. En esas cavilaciones académicas en las que uno se sumerge no puede evitar que la realidad lo sacuda y llegan entonces los asombros. Curiosamente las causas provienen últimamente del departamento General López, aunque bien podrían situarse en cualquier lugar de la provincia. Frente a un procedimiento policial ocurrido en Firmat, me asombra el reclamo de un diputado provincial pidiendo que los jueces federales respalden la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pretende? Acaso que un juez viole la Constitución para tolerar las irregularidades policiales. Pero mucho más me asombra y preocupa, que frente a un fiscal de Venado Tuerto que denuncia ser víctima junto a su familia de amenazas anónimas (que no duda en adjudicar a algún mal policía), un importante funcionario gubernamental le saque a relucir su pasado político opositor, como si ello tuviera algo que ver y permitiera desmerecer su credibilidad.

Las utopías. Me da la sensación que la politización partidaria no es la forma de enfrentar el terrible problema de nuestra policía, que obviamente reclama políticas de Estado. Hay que hacerse cargo del problema, y del mismo modo en que se enfrentó una estructura judicial obsoleta tratando de cambiarla, hay que repensar a la fuerza policial.

Los argentinos tenemos derecho a ilusionarnos con tener policías al servicio de la comunidad, éticos, que no se corrompan con el juego clandestino, con la droga o la prostitución. Que no admitan «arreglos sumariales», propuestos por abogados corruptos. Que en las familias si el hijo quiere ser policía, ello sea un honor para todos. Que los buenos policías tengan asegurada una carrera profesional y un sindicato que los defienda. Estos son algunos de los ideales que nos motorizan, aunque corramos el riesgo de que se nos considere utópicos. Si es así, como lo canta Joan Manuel Serrat, ¡bienvenida la utopía! Por lo menos tras de ella, vivimos la ilusión de construir una sociedad más justa, más ética y más solidaria.

FUENTE http://www.lacapital.com.ar/opinion/La-utopica-policia-20120823-0016.html