Es un problema del Poder Judicial; no, del Ministerio de Seguridad; no, del Ministerio de Justicia; no, del Servicio Penitenciario; no, del Poder Ejecutivo. Nadie sabe a quién compete el tema que motiva esta nota. Lo concreto es que en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), en Bouwer, en San Martín, en las comisarías, no se sabe qué hacer con los detenidos.
Fue en Estados Unidos donde se gestó la ideología de hiperencarcelamiento, durante la década de 1970. De forma paralela al pantagruélico Estado Penal, el Estado fue reduciendo sus funciones sociales.
Esta verdadera revolución conservadora hizo que quienes no son alcanzados por los derechos sociales, sean atrapados por el sistema penal, como una nueva forma de gobernar la miseria. El poder punitivo terminó abarcando lo que el sistema económico no pudo o no quiso.
La ideología de hiperencarcelamiento fue rápidamente globalizada en el mundo, y las tasas de encarcelamiento se dispararon a niveles dramáticos.
Cárceles superpobladas. En consonancia con ello, la Provincia de Córdoba firmó un convenio en 2004 con uno de los think tank del hiperencarcelamiento, el Manhattan Institute (responsable de la aplicación de las políticas de Tolerancia Cero en Nueva York, tan caras a los derechos humanos) y el resultado de ello fue el mayor aumento jamás visto de la cantidad de prisioneros por el Código de Faltas.
Las naciones centrales cuentan con presupuestos lo suficientemente abultados para llevar adelante este plan, pero los países periféricos, como el nuestro, no tienen las posibilidades materiales de semejante empresa.
Como consecuencia casi obvia, las cárceles se hiperpoblaron y se degradaron así los derechos de los allí ya no detenidos sino depositados como mera mercadería humana fallada.
Lo concreto es que una cárcel superpoblada no es más que un lugar de frágil armisticio, donde la violencia institucional diaria suele estallar en sangrientos motines.
Encarcelar a 74 mil personas por el Código de Faltas y 11 mil por delitos trae aparejado algunos interrogantes.
¿Fue útil esta política para disminuir la cantidad de delitos? La respuesta es no. El delito incluso tuvo una leve suba. ¿Es Córdoba una ciudad más segura? Relacionado con la pregunta anterior, la respuesta sigue siendo “no”. ¿Han disminuido los niveles de sensación de inseguridad? Tampoco.
Pregunta sin respuesta. A pocos días de anunciarse por enésima vez el cierre del histórico edificio de la ex Cárcel de Encausados (llamada primero Unidad de Contención del Aprehendido y luego departamento Alcaidía), el interrogante sigue vigente: ¿qué hacemos con los detenidos?
Se especuló con enviarlos a las comisarías, pero si la UCA tiene problemas con las condiciones de detención, las comisarías los tienen multiplicados por 10.
Es claro que la solución no puede seguir siendo la construcción de cárceles, en detrimento de la construcción de escuelas y hospitales.
En vez de pensar qué podemos hacer con los detenidos, podríamos preguntarnos si no sería mejor decidir encarcelar menos, pues la política de hiperencarcelamiento, además de ser lesiva de los derechos humanos, ha mostrado su total ineficacia en la disminución del delito.
Por ahí, la solución pasa por otro lado.
fuente http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-hacer-con-detenidos
