Un caso emblemático
Como prueba de lo que plantea, la organización cita el caso de A.M.F., un joven de de 20 años de edad, sometido a una medida de seguridad curativa por el Poder Judicial, quien fue recluido en la Alcaidía. Estaba alojado en el Pabellón 6, donde el pasado 26 de julio se produjo el último incendio en la Alcaidía, que se desencadenó y fue provocado en el marco de una requisa que efectuó el personal penitenciario. Antonia Acosta, madre de A.M.F. inició un habeas corpus contra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Chaco, fundamentando su planteo en que su hijo es esquizofrénico, retrasado mental y que acarrea un severo deterioro del comportamiento significativo, además de padecer una epilepsia de tipo no especificada. El cuadro de salud mental y orgánica de A.M.F. claramente demanda una asistencia médica múltiple, continua y permanente, de lo que lamentablemente está privado en su lugar de detención, que comparte con otros presos.
El Centro Mandela comenta que a partir del habeas corpus presentado por la madre del joven, se hicieron presentes en el tribunal actuante el comisario inspector Jorge Ramón Ibarola, 1º Jefe de la Alcaidía de Resistencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP); el oficial principal Walter Ariel Bagatoli 2º Jefe de la Alcaidía de Resistencia; el abogado Isaac Wichnivetzky; la licenciada Maria Paula Lobelos, que es psicóloga del SPP; Rosario Lanteri, Médica Clínica de la Alcaidía y A.M.F. junto a su madre Antonia Acosta.
Excusas sin sustento
“La magra e insuficiente representación estatal no podía actuar de otra manera a como lo hicieron. Cumplían órdenes y no tenían atribuciones para resolver el problema. Son apenas la punta del ovillo y, como tal, cumplieron su rutinario rol. El comisario inspector Jorge Ramón Ibarola, junto a sus pares, efectuaron peculiares y curiosos descargos respecto a la situación de A.M.F. Argumentaron con poca suerte y con muy escasa oficiosidad. Pusieron a punto la estrategia de la minimización de la trágica situación que atraviesa A.M.F. utilizando expresiones absolutamente inconducentes para resolver una grave y penosa situación. Llegaron a decir que A.M.F., de acuerdo al oficio que recibieron del Poder Judicial, por medio del cual se ordenó su alojamiento en Alcaidía, no contenía mayores especificaciones. Que solamente requería tratamiento por adicción a las drogas y que se encontraba contenido por las instancias de dicha dependencia, como también por la intervención del Hospital Perrando. El comentario fue sencillamente increíble”, dice la ONG.
Al respecto amplía que “a los fines de un mejor diagnóstico social del interno, en su legajo existían informes socio-ambientales realizados por el servicio del trabajo social de la unidad de Alcaidía Resistencia. Esta consideración fue directamente desopilante dado que en la alcaidía siquiera se atiende en debida forma un dolor de muelas dado que el equipo de profesionales tiene un desempeño alejado de la realidad sanitaria de los presos y de sus adicciones, reconociéndose que la Alcaidía de Resistencia es un territorio de tráfico y de consumo casi libre, que involucra a casi todos”.
“Confesiones estremecedoras”
La organización no gubernamental avanza en su relato diciendo que los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial “se animaron a reconocer que en la alcaidía no existe un lugar adecuado para asistir a A.M.F. o a cualquier otra persona sometida a una medida de seguridad curativa, como tampoco para rehabilitar a personas adictas alojadas en el establecimiento. Confesaron que en la Alcaidía de Resistencia actualmente están alojados cinco internos sometidos a medidas de seguridad, quienes se encuentran distribuidos en la unidad conforme la disponibilidad edilicia, tratando de lograr que convivan con los presos”.
Más adelante cuenta que la primera psicóloga que atendió a A.M.F. renunció a su cargo, por lo que ahora lo sustituye otra profesional que “todavía no se enteró que A.M.F. es esquizofrénico y retrasado mental, con severo deterioro del comportamiento significativo”.
El Centro Mandela suma que además el joven sufrió apremios ilegales y que algunos de los presentes en la audiencia judicial “refirieron que el SPP no cuenta con un servicio de salud mental en la alcaidía, sino que solamente se realizan atenciones psicológicas una, dos o tres veces por mes, en el mejor de los casos y con bastante poco entusiasmo y casi nulos resultados. No contaron que derivan presos con adicciones en emergencia al Servicio de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando, y que se producen demoras notables desde la demanda de atención hasta la prestación médica, que en la mayoría de los casos supera los 30 días, lo que permite imaginarnos las consecuencias que acumulan los enfermos en situación de detención”.
“El personal penitenciario también olvidó contar que a la mayoría de los internos no se los saca durante los horarios de clases para asistir a la Escuela. Esto también le tocó a A.M.F., sabiendo que es la única prestación aceptable que brinda el servicio penitenciario porque ninguna otra tarea se realiza para encarar la rehabilitación y readaptación de los presos. Todos los días están en sus pabellones, sin hacer absolutamente nada, totalmente hacinados y en condiciones infra humanas de habitación, en un edificio que hace varios años debía haber sido demolido porque está en situación de ruina”, indica la ONG.
Luego comenta que en el marco del trámite del habeas corpus el sábado pasado se dispuso trasladar a A.M.F. desde la Alcaldía de Resistencia a la Comunidad Terapéutica La Eduvigis, medida que “fue correctamente dispuesta por el Juez de Ejecución Penal 2”. Pero luego desde el centro médico se informó que no estaban en condiciones de atender la patología de A.M.F., por lo que fue devuelto a la Alcaidía.
“Esta historia de criminalización de los enfermos mentales demuele el discurso de promoción y protección de los derechos humanos en la Provincia del Chaco. Si tomamos en cuenta las fechas de inicio de los expedientes que anotamos cuando dimos las siglas de los nombres de los enfermos mentales presos, es fácil advertir que involucra en forma directa a la actual gestión de gobierno y por igual a todos los poderes del Estado porque es un escándalo de gravedad institucional. Calificamos de esta manera a estos casos porque las organizaciones hermanas de otros lugares que fueron interconsultadas coincidieron y compartieron la idea que se trata de la peor criminalización, con un rango que se aproxima a la explotación de niños. Esto es así porque las personas sometidas a medidas de seguridad curativas son inimputables. Estamos ante casos aberrantes”, remarca el documento, que añade que hay por lo menos cinco enfermos mentales más recluidos en la Alcaidía en condiciones similares.
