Sectores K impulsan por ley un organismo para investigar tratos crueles. Scioli lo sacó por decreto con críticas al proyecto

 

El gobierno bonaerense salió ayer al cruce de un proyecto que, motorizado por legisladores de La Cámpora, apuntaba a crear un organismo contra la tortura en las cárceles de la Provincia. En una rápida movida y a pocas semanas de que esa iniciativa impulsada por el kirchnerismo se transformara en ley en la Cámara de Diputados, anunció la conformación de una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo destinados a la prevención de tratos crueles en los penales.

 

 

Por decreto, el gobernador Daniel Scioli se adelantó a la ley que los K estaban a punto de alumbrar en la Legislatura. Y el argumento oficial es que el Ejecutivo “no está de acuerdo” -como adelantara en exclusiva este diario- con el proyecto impulsado por el senador camporista Santiago Carreras. La explicación oficial es que esa iniciativa se arroga atribuciones propias del gobierno provincial como, por ejemplo, fijar los cupos carcelarios.

 

 

La decisión de Scioli de enfrentarse a los legisladores K ya levantó polvareda. Carreras adelantó que el kirchnerismo no dará marcha atrás e impulsará la sanción de la ley, mientras que miembros de la Comisión por la Memoria, que iba a intervenir en el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura que creaba el proyecto, señalaron que el decreto de Scioli “incumple lo que establece la Convención contra la Tortura”. Pero el sciolismo no se quedó atrás y respondió: “No puede ser que quieran fijar el cupo carcelario; esto es hasta inconstitucional porque esas políticas las define el Ejecutivo”, disparó el diputado provincial Guido Lorenzino, quien fuera funcionario del ministerio de Justicia y Seguridad.

 

 

En su edición del lunes, este diario informó acerca de que el sciolismo resistía la aprobación del proyecto de Carreras que propicia la conformación Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo autárquico que informaría directamente al Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

 

 

Y ayer, ese malestar y rechazo quedó expuesto con la decisión de Scioli.

 

 

EL DECRETO

 

 

El mandatario firmó un decreto para crear la Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo destinados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro.

 

 

“Es un salto cualitativo”, consideró Scioli sobre el organismo que contará con representantes de las secretarías de Derechos Humanos, y de Niñez y Adolescencia; el Instituto Cultural y de los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud, Gobierno y Jefatura de Gabinete.

 

 

Y sostuvo además que con esta iniciativa se “garantiza el éxito en la prevención contra este tipo de conductas repudiables que son la contracara de lo que buscamos, que es un Servicio Penitenciario que garantice los derechos humanos, las garantías individuales y la posterior reinserción social”.

 

 

Pero la decisión de Scioli de darle la espalda al proyecto que se cocinaba en la Legislatura, generó las primeras reacciones. Por caso, el senador Carreras dijo que “es muy llamativa la decisión del gobernador”, para luego defender su iniciativa. “Me hubiera gustado que hubiese permitido el desarrollo parlamentario normal de nuestro proyecto para que se convirtiera en ley” porque “creemos que nuestro proyecto era mucho más amplio, mucho más democrático, mucho más plural, mucho más participativo”.

 

 

En tanto, el presidente de la Comisión por la Memoria Hugo Cañón, afirmó que la decisión de Scioli “incumple lo que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.

 

 

“El monitoreo (de la situación en las cárceles) no puede estar jamás en manos del poder administrador, sino a cargo de un espectro plural y con gente de intachable honestidad”, sostuvo Cañón.

 

 

El sciolismo, en tanto, salió a cruzar las críticas de la Comisión Provincial por la Memoria y desafió a sus integrantes que “se presenten a una elección, si pretenden fijar ellos una política penitenciaria”, dijo el diputado Lorenzino.

 

 

“El proyecto habilita a que la Comisión por la Tortura fije un cupo carcelario, lo cual es hasta inconstitucional porque las políticas penitenciarias las fija el Ejecutivo”, acotó el legislador.

 

 

El sciolismo venía cuestionando además algunas actitudes K en Diputados en relación a este tema, ya que, dice, “se estaba evitando que el proyecto de Carreras, con sanción del Senado, pasara por la comisión de Seguridad” que preside Iván Budassi, alineado al Ejecutivo.

 

 

Ahora la duda es si el kirchnerismo intentará aprobar de todos modos el proyecto. Y en ese caso, si se expondrá al veto de Scioli.

 

 

fuente http://www.eldia.com.ar/edis/20121017/duros-cruces-proyecto-contra-tortura-carceles-laprovincia0.htm