El domingo 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández fue reelegida como presidenta de los argentinos por casi el 54 por ciento de los votos, lo que le permitió obtener la mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y de Senadores.
En ese año electoral, el Gobierno apeló a diferentes estrategias para sumar voluntades. Y en ese plan se incluyó a los presos que también votaban. Frente al clamor por seguridad por parte del ciudadano común, no era factible una conmutación de penas. Pero los votos de los presos interesaban y, por eso, poco antes de las elecciones presidenciales se reformó la ley de ejecución penal.
Se recurrió a un beneficio para “presos estudiantes”. Con bombos y platillos se anunció que quienes completaran estudios primarios, secundarios o terciarios, podrían disminuir sus condenas hasta un máximo de 20 meses.
“Esta iniciativa es inédita en la historia argentina y busca incentivar a personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserción plena en la sociedad”, fue uno de los conceptos esgrimidos por el ministro de Justicia, Julio Alak, al aludir a una reducción de hasta 20 meses en las condenas a presos que estudien.
En realidad, la ley 26.695, que significó algunas reformas en materia de ejecución penal, nada dice sobre la disminución de condenas. En esto coinciden el juez de Ejecución Penal Cristóbal Laje Ros, de la Justicia provincial, y Consuelo Beltrán, secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1, receptora de los planteos de internos por causas federales (ver Aseguran que no hay reducción de penas ).
Ahora bien, ¿cuántos son los presos alojados en las cárceles de Córdoba que estudian en la actualidad? ¿En qué influyó la ley sancionada el 27 de julio, promulgada el 24 de agosto y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 29 de agosto de 2011?
“Falsas expectativas”. Miriam Mancho, docente de vocación con 27 años de antigüedad en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y responsable de las 16 escuelas que funcionan en las cárceles de la provincia, admite que el anuncio de la reforma “creó falsas expectativas entre los internos”.
Estas “falsas expectativas” también repercutieron entre los abogados penalistas. En los días posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley, ante la presión de sus clientes, presentaron infinidad de recursos y escritos que reclamaban libertades de condenados con una disminución de la pena de hasta 20 meses. Ningún reclamo tuvo éxito.
Sin embargo, la ambigua estrategia de campaña presidencial, más allá de la amargura propia de quienes ya respiraban aires de libertad, no disminuyó el número de reclusos que cursan estudios en los establecimientos penitenciarios.
El censo educativo de febrero de 2012, sobre una población de 5.843 internos (hoy suman 6.373), arrojó que el 33,6 por ciento había completado sus estudios primarios y que los analfabetos alcanzaban el 3,1 por ciento. El sondeo, que se realiza todos los años antes de la iniciación de las clases, permitió saber que 1.332 presos (23 por ciento) no habían completado el primario, mientras que a 1.758 (30 por ciento) les faltaba aprobar materias del secundario. Sólo 555 (9,5 por ciento) había terminado el secundario, en tanto que, en nivel terciario, 28 (0,5 por ciento) habían finalizado sus carreras y 56 (0,96 por ciento) no lo habían logrado.
El muestreo indicó que había 50 profesionales universitarios presos (0,86 por ciento) y que otros 103 internos no se habían recibido.
“Este censo anual nos permite saber cuáles son las necesidades educativas. Y, de acuerdo con esos índices, se organiza el año escolar y se evalúa la necesidad de agregar nuevos cursos o planes de educación no formal”, explica la profesora Mancho, jefa de Educación del SPC.
Seis escuelas en Bouwer. De las 16 escuelas distribuidas en las cárceles de Córdoba, seis funcionan en cuatro módulos del complejo de Bouwer, que alberga a 2.650 presidiarios, sobre un total provincial de 6.373. “Hay escuelas donde hay primario y secundario. Puede ser que el primario funcione por la mañana y el secundario por la tarde o que ambos niveles funcionen en el mismo horario, de acuerdo con la población de cada establecimiento y su particularidad. Eso sí, las escuelas tienen la posibilidad de atender a todos los niveles. Si un interno que está en el primario trabaja a la mañana, que es el horario de la escuela, se le cambia la fajina para que pueda asistir a clases”, explica Mancho.
Respecto del alumnado en el complejo de Bouwer, la funcionaria precisa que al primario concurren 325 internos varones, y 401 al secundario. “Tenemos seis terciarios que hacen licenciaturas en Ciencias del Medio Ambiente y en Ciencias de la Comunicación. En cuanto a los universitarios, son 73, y la mayoría cursa Derecho”, cuenta con orgullo Mancho, aunque admite que hasta ahora “ningún estudiante universitario se ha recibido”.
En materia de estudios universitarios, hay profesores que concurren a Bouwer y dan tutorías, pero, a la hora de ingresar, los alumnos cursan materias que pueden hacer de manera libre, porque recién podrán realizar las prácticas cuando recuperen la libertad.
–¿Cuántos docentes tiene el SPC?
–Tenemos entre 65 y 70 docentes penitenciarios en la provincia y hablamos de 250 a 300 docentes de afuera. Cuando decimos de afuera, hablamos del Ministerio de Educación, de institutos privados y de universidades, como la Nacional de Córdoba, la Blas Pascal y la Siglo 21, que tienen alguna asistencia concreta para gente que quiere hacer una carrera.
Mancho resalta que la Universidad de Río Cuarto “tiene el Instituto Cervantes, que da judicatura en Comunicaciones”, y que “ahí directamente los alumnos son becados”.
Además de las escuelas para varones, en el complejo Bouwer hay para mujeres. En el complejo Cruz del Eje, hay dos escuelas, y las restantes están en la cárcel abierta de Monte Cristo, en el Crom, y en los establecimientos de Villa María, Río Cuarto y San Francisco.
Formal y no formal. Sobre la cifra de presos que reciben educación, Mancho sostiene que alcanza el 94,2 por ciento (6.008 sobre 6.373), pero su interpretación incorpora a 3.369 internos (53 por ciento del total) que eligieron cursos de distintas disciplinas. Así, se suman los que estudian teatro, guitarra, o los que bailan, cantan o pintan.
La realidad indica que hay 1.028 presos (16 por ciento) que cursan el primario y 983 (15 por ciento), el secundario. El resto de estudiantes se completa con 56 (0,8 por ciento) que cursan terciario, 202 (tres por ciento) universitarios y 370 (seis por ciento), en nivel técnico.
Entre lo que se considera educación informal, Mancho destaca, entre los varones, el aprendizaje de oficios de trabajo y resalta diversas actividades recreativas, como educación física, boxeo, vóley y tenis de mesa. “Tenemos profesores de Educación Física penitenciarios. En verano, las escuelas siguen funcionando con todo lo que es educación no formal, es decir, los talleres y actividades recreativas”.
Salidas culturales. Otro motivo de orgullo de la jefa de Educación del SPC es que desde 2008 “la institución dispuso salidas culturales y recreativas. En Villa María, hay tres grupos musicales, uno de rock, otro de folklore y uno de cuarteto, que participan de los actos públicos de la Municipalidad. Hacemos intercambios culturales entre todos los establecimientos y, así, todos conocen los grupos musicales y de teatro, además de los dos o tres números de gimnasia rítmica del correccional de mujeres”.
“La educación es una herramienta básica para el tratamiento y por eso realizamos un trabajo interdisciplinario para evaluar a través de una entrevista a cada interno, sea procesado o condenado, que ingresa al establecimiento. En ella podemos ver si el interno tiene una necesidad psicológica o quiere ver a un sacerdote, y se le aclara cualquier tema en materia de seguridad. Esa primera entrevista la hace el CAJ (Centro de Actividades Juveniles). Se empieza con actividades no formales, para después incorporarlo a la escuela”.
El SPC apuesta a la educación como parte esencial del tratamiento penitenciario. Lo curioso es que los alumnos pueden ser violentos y peligrosos, pero, a diferencia de lo que ocurre a diario en muchas escuelas públicas y privadas, los presos tienen mucho respeto por los docentes. “Para ellos son ‘la seño’ y ‘el profe’; las agresiones no existen”, asegura Mancho.
El artículo de la discordia
Polémico. El controvertido artículo 140 que reformó la ley de ejecución penal es el siguiente:
Artículo 140: Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII:
a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;
b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente;
c) dos (2) meses por estudios primarios;
d) tres (3) meses por estudios secundarios;
e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;
f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses.
Más información
fuente http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presos-que-estudian
