En la mesa dedicada al ámbito penal el abogado Javier Boix ha reconocido que nuestro país tiene el Código Penal más represivo de la Europa Occidental ya desde la última reforma de 2010. «Estamos viviendo en una carrera represora del Estado por ver qué gobierno incrementa de manera más contundente las penas, los delitos, sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad, por lo que las reformas penales contravienen de forma preocupante el Derecho de Defensa».
Durante su intervención, J. Boix, ha felicitado al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) por la iniciativa de crear un Centro de Defensa de la Defensa ya que, según ha declarado: «Es importante que la abogacía, en estos malos tiempos que corren para el derecho penal afrontar directamente los ataques al Derecho de Defensa, recogido en el Art. 24 de la Constitución Española como una garantía del ciudadano frente a la intervención punitiva del Estado».
En su opinión, el Derecho de Defensa es el núcleo de las garantías de los ciudadanos en nuestra Constitución y hoy en día está siendo cuestionado, hecho que «pone en jaque todo el sistema de la Administración de Justicia, ya que no es un derecho de los abogados, sino de todos los ciudadanos».
En relación al Derecho de Defensa en la Comunidad Valenciana, Javier Boix, ha sido tajante: «Los abogados no podemos admitir que se tome declaración a los ciudadanos detenidos en los calabozos de la Ciudad de la Justicia o que declaren esposados, ya que esto afecta al derecho de defensa de los ciudadanos que se ven privados de igualdad y libertad». El abogado denunció también las limitaciones que viven a diario los letrados de oficio para entrevistarse con sus clientes. Respecto a las intervenciones telefónicas a abogados y clientes, el ponente ha explicado que «esta actuación debe comportar la expulsión automática del procedimiento. Actualmente existen mecanismos electrónicos que permiten eliminar este tipo de grabaciones».
Sobre el secreto sumarial, Boix ha calificado de vergonzoso el hecho de que los ciudadanos se enteren a través de los medios de comunicación del resultado de su sentencia, antes de la comunicación oficial por parte de su procurador, «y los abogados no debemos permitirlo, ya que nos convertimos en cooperadores omisivos en situaciones cotidianas, si no hacemos nada por salvaguardar el secreto de sumario».
Por último, el penalista calificó el nuevo proyecto de Tasas Judiciales como «otro atentado al principio de igualdad de los ciudadanos, ya que propicia una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la Justicia de un gran número de ciudadanos, sobre todo para los más desfavorecidos y no hay que olvidar la importante función social que realizan los abogados».
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