Hoy a la 17 se llevará a cabo la última reunión para discutir detalles de los artículos modificados en la propuesta de reforma procesal penal. El diputado Martín Nieva consideró que “va a tener la anuencia global de todos los que han participado en la comisión y probablemente en 10 días el proyecto de ley esté este despachado para que antes de fin de mes sea sancionado”, incorporando el juicio de flagrancia y la decentralización de centros de recepción denuncias.

 

En declaraciones radiales afirmó “está casi terminado el bosquejo de reforma al Código de Procedimiento Penal” y que faltan detalles técnicos legislativos que van a ser considerados por las diferentes partes que participaron en esta reforma: el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador Genera, jueces de Garantías, fiscales y fiscales, entre otros”.

“Ha tenido muy buena acogida la instrumentación de esta comisión, donde se evidenció ganas de participar y colaborar en el combate contra el delito, normas que le permitan a la justicia estar a tono con lo que le reclama la sociedad: mucho más agilidad, mucha más celeridad en esa tarea”, comentó acerca de la tarea realizada.

Una nueva herramienta

Como presidente de la Comisión de Legislación General y coordinador de la comisión que tuvo a su cargo la reforma procesal penal, Nievas consideró la propuesta “será la nueva herramienta que la Cámara, que la comisión, brinda a la justicia para colaborar en el combate frontal contra el delito y darle mayor seguridad a la población de la provincia del Chaco”.

Según señaló la reforma procesal penal “tiene cuatro pilares”. Y uno de ellos es el otorgamiento de derechos a las víctimas “para que pueda controlar los actos de fiscales y jueces. Así, en algunos casos, si o si se deberá consultar a las víctimas si está o no de acuerdo sobre determinados beneficios para los autores de delitos”.

El segundo pilar aborda “el principio de oportunidad” que “va a estar reglado y significa que el fiscal en la apreciación en la perfección penal puede decir este delito no le interesa a la sociedad que lo persigamos, ni que gastemos, esfuerzos, tiempo en su persecución penal porque no tiene trascendencia desde el punto de vista social, económico o de la seguridad misma”.

En ese sentido puso de ejemplo el arrebato de una birome “algo de poca trascendencia, desde el punto de vista del daño y económico para que se pongan en funcionamiento todo el aparato del Estado al servicio del combate de ese tipo de delito. Eso se llama principio de oportunidad, segundo pilar sobre el que se asienta la reforma”.

Nuevos institutos

En tercer lugar “hay una reforma integral del sistema propiamente dicho de persecución penal con una modificación en base a un estudio que hizo un especialista que hizo en su momento contrató el Superior Tribunal de Justicia. Vamos cambiar en forma importante el sistema”.

Al respecto señaló que “se pretende ir en consonancia con lo que plantea el Poder Ejecutivo, descentralizar el sistema de denuncia, crear centros de atención a las víctimas en los barrios. Por eso la descentralización y que se ahí se tomen las denuncias, sacándole en cierto modo funciones administrativas a la Policía”.

Luego añadió el acceso al sistema informático “para saber en tiempo real como está tal o cual expediente y en la atención y toma de datos otro tipo de datos como se asiente el número de teléfono celular” que consideró importante para que se investigue en casos de arrebato y se busque al responsable del delito.

A su vez marcó el reordenamiento de todo el sistema fiscal. A las trece fiscalías se sumarán otras tres “para que haya ahora una rotación, no con el sistema de turno sino que haya fiscales especializados. Una reforma integral que pasa por la cuestión de gestión administrativa sumada a los avances de la tecnología”.

En cuarto lugar la reforma incorpora el juicio por flagrancia, que es un juicio directísimo para aquellas personas a las que se encuentra en plena comisión del delito o inmediatamente después de cometido. “Entonces la Policía tiene la obligación de detenerlo, ponerlo a disposición de un fiscal y en tres días lo llevará ante el juez que tendrá su cargo la causa”.
El detenido podrá optar entre “un juicio abreviado, la probation o juicio a prueba o este juicio. Este es un juicio directísimo, sumarísimo. Si no opta por nada se le aplica este juicio en el que no se violenta su derecho de defensa, pero se acortan todos los plazos”.

“La idea es que en 30 a 40 días la justicia pueda decirle a la sociedad, en este tipo de delito, acá esta el que cometió el delito, el quebrantó las reglas que impone la sociedad como convivencia. Acá está condenado, absuelto pero una respuesta rápida, pronta y eficaz. Es un sistema nuevo. Fue la preocupación y lo queremos instrumentar”, añadió.
El legislador dirá “solo el tiempo cual va a ser el resultado. Esperamos ansiosos darle a la justicia esta herramienta de combate contra el delito y solo el tiempo dirá si estuvimos en el rumbo correcto o si es necesario profundizar o plantear nuevamente o acomodar esto a las situaciones que se vayan presentando”.

fuente http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=93371