Emerio Agretti

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—¿Le parece aceptable el nivel de demora que registra la implementación de la reforma procesal penal?

—Indudablemente no ha podido cumplirse con los plazos inicialmente programados, pero hay que tener en cuenta que todo proceso de reforma estructural como el que se propone tiene dos grandes niveles: uno de diseño normativo, el otro de implementación. Y hay que admitir que la experiencia nacional e internacional nos muestra que esta es la etapa más compleja y dificultosa y que normalmente lleva bastante más tiempo que el estimado inicialmente. No se olvide que luego de la decisión política del gobernador Obeid que derivó en la sanción de la ley 12.734 hubo que completar el marco normativo en el gobierno de Binner (leyes de ministerio público, defensa, transición, etc.) y encarar la implementación, con todo lo que ello significa. Hubo que organizar dos estructuras que no existían, crear cargos, previsión presupuestaria, dictar reglamentos, hacer concursos, buscar inmuebles; y todas esas actividades son complejas y requieren normalmente la intervención de más un poder del estado. Además se ha trabajado muchísimo en un aspecto central que es la capacitación, y se ha conseguido un logro superlativo, que es la aceptación del cambio. Sin embargo, precisamente por ello, es imprescindible profundizar la dinámica de la implementación, porque la demora genera incertidumbre y desesperanza, prolonga la agonía de un sistema procesal penal que no sirve a la sociedad y efectos negativos en todos sus operadores. En este punto, la designación de los nuevos fiscales y defensores es crucial en este sentido.

—Tanto el fiscal general De Olazábal como el defensor provincial Ganón se quejan por las demoras y cuestionan lo actuado por los representantes de los poderes del Estado.

—Todos los poderes tienen compromiso con la reforma y obviamente tienen responsabilidad en la medida de sus obligaciones. Algunos más otros menos. El Fiscal General y el Defensor también la tienen, aunque su actual posición resulte algo más cómoda. Sí creo que atribuir genéricamente responsabilidades a poderes del Estado no contribuye en nada para avanzar con la reforma y tiene efectos muy negativos en muchos operadores que trabajan diariamente, que tienen responsabilidades de gestión y funcionales, que tienen plazos y responsabilidades y deben además aportar al proceso de reforma. Yo no evalúo lo hecho por el Defensor General y el Fiscal General y sus funcionarios regionales, que han sido designados hace un año y medio y no pueden asumir funciones, pero precisamente por esa razón comprendo la impaciencia que tienen.

—¿No hay demoras por parte de la Corte?

—La Corte ha cumplido y sigue cumpliendo las tareas que legal e institucionalmente le competen y ha invertido muchísimo de su tiempo para afianzar y avanzar con la reforma, sin desatender el resto de sus responsabilidades. Porque además de la reforma procesal tenemos funciones jurisdiccionales y responsabilidades como cabeza de uno de los poderes del Estado y esas responsabilidades no se limitan al fuero penal y su reforma. Ahora estamos finalizando los concursos de las oficinas de gestión judicial (sólo resta la oposición oral) y la consideración de los reglamentos de la defensa y la acusación que les permitirá, entre otras cosas, empezar a integrar la planta de empleados de ambos órganos. Estimo que antes de fin de año ya no habrá ninguna actividad que dependa de la Corte.

Alternativas

—El Dr. De Olazábal planteó la necesidad de pensar en reformular la instrumentación del nuevo Código, para poder comenzar a aplicarlo lo antes posible. ¿Está de acuerdo con esta idea?

—Conozco el proyecto del Dr. De Olazábal y su predisposición para tratar de encontrar una salida rápida en pos del nuevo sistema, pero respetuosamente creo que sería un error seguir invirtiendo presupuesto y recursos para optimizar un sistema de dudosa constitucionalidad y que además funciona muy mal. Nombrar fiscales y defensores para que sigan trabajando con el sistema que tanto criticamos y que es lo que precisamente queremos cambiar nos enfrentaría a un doble problema: ni vamos a optimizar demasiado el sistema ni vamos a erradicar sus males estructurales. Y por otro lado, corremos el riesgo de generar una situación que va a dilatar aún más la puesta en vigencia del nuevo código. Aquí hay que dejar bien en claro que hubo una decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esos poderes decidieron un modelo de implementación definitiva, y más allá de las demoras estamos en una situación donde lo mejor que puede ocurrir es profundizar y avanzar rápidamente en ese esquema. Una alternativa diferente puede llevarnos a que la aspiración de una vigencia definitiva del nuevo sistema se vea aún más postergada.

—El Dr. Ganón también tiene algunas sugerencias, como las de modificar las funciones del procurador de la Corte reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué opina de esto?

—Tengo posición pública desde hace años y también la he expresado en mis votos que la actividad de investigación criminal y acusación y la de defensa no pueden estar bajo la misma dirección, pero justamente eso es de la esencia del acusatorio y para cambiar esto hay que poner en vigencia el nuevo sistema. Una reforma a la ley orgánica no supone modificar un solo artículo, es mucho más complejo y además requiere consenso y tiempos políticos. Me parece mucho más directo el camino de avanzar en la implementación del nuevo código y dar plena operatividad de las nuevas leyes de la acusación y la defensa.

—¿Y cuál debería ser el curso de acción para poder hacerlo?

—Hoy hay una cuestión central, que es la designación de los fiscales y defensores. Hay que destrabar políticamente esta cuestión, hay que designar cuanto antes a los fiscales y defensores que han concursado bajo reglas de juego preestablecidas, porque todo lo demás no tiene sentido si no hay previsibilidad respecto de cuántos recursos humanos se van a disponer y de cuándo va a ocurrir. Hay que llamar a concurso para los cargos que han quedado desiertos y completar la infraestructura mínima necesaria para comenzar a funcionar.

Entre tanto, creo que debemos asumir una discusión en orden la dimensión de los recursos humanos, tecnológicos, físicos, que son indispensables para que el Poder Ejecutivo decida iniciar la vigencia del nuevo sistema. Y para ello me parece razonable que el cálculo se haga en términos relativos, e incorporando la circunstancia de que los nuevos órganos van a comenzar con carga de trabajo cero, lo cual posibilita que la totalidad de los recursos se puedan ir integrando progresivamente.

—¿A qué se refiere?

—A que está claro que todos queremos correr el menor riesgo, queremos tener todos los cargos cubiertos, la mayor cantidad de recursos humanos, espacios físicos, equipamiento, toda la tecnología (y si no pregúntele a los jueces laborales de Rosario). Pero tengamos en cuenta que la totalidad de aquella estructura e infraestructura fue prevista para un sistema en pleno funcionamiento. Le doy un caso: en total se han creado 144 cargos de fiscales para toda la provincia. ¿Ud. cree que para empezar el nuevo sistema con carga cero se necesita contar desde el primer día con los 144 fiscales? Además debemos ser realistas, hay otros sectores del sistema de justicia que están atravesando situaciones límite, verdaderamente graves, como la justicia laboral de Rosario. Entonces creo que debemos apelar a un criterio de razonabilidad que tenga en cuenta varios indicadores, porque si esperamos contar con el último empleado designado probablemente seguiremos padeciendo el viejo sistema por un largo tiempo. Siempre los inicios de estos procesos radicales demandan un gran esfuerzo y varios desafíos pero hay que asumirlos; esa es nuestra responsabilidad.

fuente http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/11/20/politica/POLI-05.html