Posadas.- Comenzó en El dorado, a 220 kilómetros al Norte de esta ciudad, el juicio oral a María Ovando de 37 años, analfabeta e indigente, madre de 12 hijos. El Tribunal Penal presidido por Atilio León e integrado asimismo por los doctores Juan Carlos Sosa y Lyda Gallardo, deberá resolver la acusación del fiscal Federico Rodríguez -«abandono de persona agravada por situación vincular»- cuando una de sus hijas, Carolina Ayala de tres años, murió en sus brazos en momentos en que se dirigía a pie tratando de obtener asistencia médica en algún nosocomio cercano a Colonia Mado, paraje forestal a la vera del río Paraná, donde vive la familia en absoluta situación de riesgo.

El deceso de la pequeña se produjo por «falta de alimentos», según los peritos forensas. La Policía de Misiones descubrió el cadáver enterrado por María con sus manos, en medio de un monte cercano a la ruta 12, donde se desató la tragedia.

Ovando fue detenida y puesta a disposición del juez Penal de El dorado, Alberto Saldaña, quien que dispuso su traslado a la cárcel del barrio Miguel Lanús, de Posadas, donde se encuentra desde hace 20 meses. Allí recién comenzó a leer y escribir. El caso tuvo repercución en medios nacionales, al saberse que la chiquita carecía de documentos y no tenía ningún tipo de protección por parte del Estado provincial, como el resto de la familia.

De inmediato comenzó una campaña promovidos por la organización Amicus Curiae que recogió alrededor de 30.000 firmas en todo el país exigiendo la liberación de María. Cuando el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta fue consultada por periodistas misioneros acerca de este conmovedor episodio, respondió que «se trata de una madre abandónica y que el Gobierno provincial no tenía ninguna responsabilidad en torno de los sucedido».

 

 

EL JUICIO

Luego de estar presa en una cárcel común, la fuerte presión de partes de numerosas ONGs como Pensamiento Penal, Padres del Dolor, Encuentro de Mujeres, la ex diputada nacional Wilma Ripoll y hasta una representante de Madres de Plaza de Mayo (Evia Esten), se dispuso el juicio oral que comenzó esta mañana en Eldorado, con notable cantidad que gente venida desde distintos lugares. Se escucharon los primeros testimonios, en tanto los defensores Roxana Rivas y Eduardo Paredes, manifestaron que el propio Estado violó el artículo 7º de la Convención de los Derechos del Niño, el que afirma que «el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

«Antes de su muerte, Carolina no se hallaba inscripta, no poseía documento alguno. El certificado de defunción es el primer registro de existencia para el Estado (provincial). Esta circunstancia como se ha explicado le ha significado la imposibilidad de acceder a derechos propios fundamentales como ser la asignación universal por hijo, que era suyo. El estado conociendo esta situación tenía una obligación ineludible de actuar y hacerlo eficazmente, máxime si reconocía la extra pobreza y vulnerabilidad de su entorno que volvía imposible, e inaccesible para la madre gestionar su inscripción y documentación. Para el Estado hubiera sido fácil», afirmaron los letrados que defienden a la mujer.

En varias ocasiones, el público que desbordó la sala se manifestó contra las medidas adoptadas por las autoridades judiciales misioneras. La sesión se levantó alrededor de las 14 y el juicio continuará mañana martes con otros testimonios, aguardándose que los alegatos y sentencia podrían conocerse en el transcurso de la próxima semana, según comentó a LA NACIÓN, el presidente del Tribunal, Atilio León.

«LA JUZGAN POR MUJER Y POBRE»

La dirigente Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur), quien junto a Elia Espen (Madre Línea Fundadora) hoy presenció la primera jornada del juicio a María Ovando, afirmó: «Este inicio desnudó la responsabilidad del Estado por abandono absoluto y ratificó que la culpan por ser mujer y pobre. Las declaraciones del director del Hospital de Eldorado, el médico legista y una especialista demostraron que no hubo medidas de prevención ni ayuda social ni alimentaria.».

 

 

fuente http://www.lanacion.com.ar/1528387-juzgan-a-una-mujer-acusada-por-la-muerte-de-su-hija-de-tres-anos