Uno de los mayores problemas que afectan a los cordobeses es la dificultad de sentirse y vivir seguros en su vida cotidiana. El delito, por un lado, y la falta de políticas eficaces para combatir la criminalidad generan un estado de inseguridad permanente.
Desde sectores de la política y algunos comunicadores, se intenta convencer de que este flagelo se resuelve con mayor cantidad de policías en la calle e incentivando la mano dura.
Si este discurso sigue calando en la sociedad, el Estado siempre será ineficiente para resolver el problema de la criminalidad y la inseguridad.
Desde la criminología crítica latinoamericana, se afirma que nadie puede dar crédito científico a la tesis de que combatiendo a quienes cometen infracciones insignificantes se previene que estos se conviertan en asesinos o violadores.
En su libro Seguridad y política criminal desde la perspectiva de los derechos humanos , Valeria Plaza alerta que esto sólo produce una inversión presupuestaria astronómica e inútil, con efectos paradojales, pues muchas veces resulta reproductora del delito.
Se pregunta: ¿quién cree que con más policías hay menos delitos? Y responde que no se necesitan más, sino mejores policías y que con ellos no basta, por buenos que sean, sin prevención.
Lo cierto es que la selección criminalizante recae sobre ciertas capas sociales y dentro de estas hay sectores más vulnerables, que son los grupos de riesgo.
Programas para vulnerables. Todo el presupuesto que se dedique a programas para esos grupos, en especial los niños y adolescentes, ahorrará al Estado inversiones 10 veces mayores en represión y, sobre todo, ahorrará víctimas.
Si se hubiese escogido ese camino, seguramente otras serían las cifras de la vergüenza cordobesa patentizada en un reciente estudio del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), que afirma que uno de cada tres jóvenes nacidos en los últimos 13 años, coincidente con la gestión de Unión por Córdoba, son pobres.
No es este el análisis y la estrategia adoptada por el Gobierno provincial. Una reciente nota publicada en este diario da cuenta de que en la provincia 200 personas van presas por día por aplicación del Código de Faltas, lo que implica un 58 por ciento en dos años.
Se destacan las declaraciones de un cura de barrio y su preocupación debido a que “los jóvenes que trabajan a veces tienen que faltar porque la Policía los detiene sin ningún motivo, lo que hace poner en riesgo el presente laboral de los chicos: por la ausencia al lugar de trabajo, pero también por los antecedentes que les quedan”.
Maltratados. Un reciente informe de la Comisión de la Memoria, que depende de la Municipalidad de Río Cuarto y realiza un seguimiento de las detenciones policiales, muestra resultados escalofriantes.
El informe distingue a los ingresantes a las dependencias policiales por aplicación del Código de Faltas en demorados (20 por ciento) y detenidos (80 por ciento).
En el caso de los demorados, un 30 por ciento recibió golpizas; un 20 por ciento fue maltratado y un 50 por ciento recibió trato inadecuado.
En cuanto a los detenidos, la estadística revela que un 28,21 por ciento fue golpeado; un 20,51 por ciento, maltratado; y el 51,28 por ciento recibió trato inadecuado.
Es la seguridad mal entendida. La estrategia de la Policía, avalada por el Gobierno, es simple, aunque inaceptable.
La Policía “infla” las estadísticas a través de detenciones arbitrarias, con el objetivo de demostrar ante la sociedad una supuesta eficiencia en el combate contra la inseguridad, como si el número de delitos que sufrimos los cordobeses disminuyera al compás de estas detenciones.
Guerra contra los jóvenes. En pleno siglo 21, la misma Policía es la que detiene, acusa y juzga. Para la gran mayoría de los aprehendidos, no hay abogados, ni jueces, ni ley. Es el ojo del agente el que prevalece.
En este marco, los abusos se han transformado en una constante y obedecen a la vaguedad de las conductas descriptas como contravención y a la ausencia de un control adecuado de los arrestos.
Queremos una sociedad segura, con derechos para todos. ¿Qué espera, entonces, el Gobierno provincial para tomar alguna medida ante esta violación sistemática de los derechos humanos y las libertades individuales?
Hasta ahora, sólo ha atinado a crear una comisión en la Legislatura, encargada del estudio de alternativas para “modernizar” el Código de Faltas. Pero, a poco de andar, el oficialismo ha demostrado escasa voluntad política y no convoca a esta comisión desde hace más de cinco meses.
Mientras tanto, en las calles y comisarías, día a día, se está librando una verdadera guerra utilizando el Código de Faltas contra un sector de nuestra juventud, que es estigmatizado y discriminado por su condición socioeconómica y su vestimenta.
Como dice un grafiti callejero: “Los jóvenes no somos peligrosos; estamos en peligro”. Sintetiza un modelo de exclusión que arroja a miles de pibes a un presente indigno y a un futuro incierto.
Hay otro plano desde el que también puede leerse la frase: un pibe morocho, con gorra y vestido al estilo “wachiturro”, tiene más probabilidades de ser detenido por la Policía que cualquier otro.
fuente http://www.lavoz.com.ar/opinion/seguridad-mal-entendida
