Neuquén > En mayo se cumplirán tres años desde que la Asociación de Magistrados y Funcionarios logró frenar las evaluaciones períodicas que el Consejo de la Magistratura debía comenzar a realizar en 2010  a todos los titulares y responsables de Juzgados y Cámaras de la provincia.
En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la entidad y, con una medida cautelar, suspendió la vigencia del reglamento de evaluaciones que del Consejo y del artículo de la Ley 2.533, que le otorga la facultad de evaluar «la idoneidad y el desempeño» de jueces y funcionarios. Lo que nunca hizo fue resolver la acción de inconstitucionalidad que en marzo de ese año había cuestionado uno de los artículos que, incorporados a la Constitución provincial en 2006, definió la evaluación de los jueces como una de las dos tareas del Consejo de la Magistratura. La otra es realizar los concursos para cubrir las vacantes en la Justicia y es la única que realizó desde 2007.
La cuestión de fondo debe ser resuelta, en tanto se refiere a una cuestión de constitucionalidad, por el TSJ en pleno. Hubo dos excusaciones: la de Graciela Martínez de Corvalán -presidió el Consejo en 2010 y, apenas asumió, realizó una serie de objeciones al reglamento de las evaluaciones- y la del defensor Ricardo Cancela. A la primera la subroga el fiscal José Gerez, mientras que el reemplazante de Cancela surgirá por sorteo. En este punto está trabada la discusión.
Cuando el máximo Tribunal dictó la cautelar, consideró que la evaluación ponía en riesgo «la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces y funcionarios judiciales». Si bien es un debate que se repite en las distintas provincias y a nivel nacional, en Neuquén tiene un componente adicional: el Consejo de la Magistratura tiene mayoría de integrantes del sistema político, con cuatro representantes de la Legislatura, sobre los siete del total. El Colegio de Abogados y la Justicia aportan el resto. No hay, como en otras provincias, referentes por otros espacios. Esta posibilidad se desechó durante la Convención Constituyente de 2006, cuando se impuso el modelo que presentaban los dos convencionales del radicalismo.
Richard Trincheri, quien en 2010 y hasta el mes pasado presidía a la Asociación de Magistrados, se apoyó en el criterio que el TSJ en la cautelar, pero además recordó parte de la discusión de la Convención. Planteó que «la evaluación de los jueces atenta contra la independencia del Poder Judicial», pero también que «el Consejo de la Magistratura tiene mayoría política». «La designación de los jueces ya depende de un órgano político, como es la Legislatura. Si además le damos la facultad de evaluar, queda todo descompensado. Porque al final todo dependería de decisión política», resumió.

En suspenso

La medida cautelar suspendió la aplicación del artículo 28 de la Ley 2.533 y el reglamento de evaluaciones.

La acción de inconstitucionalidad cuestiona además el inciso 3 del artículo 251 de la Constitución de 2006, donde se fijan las funciones del Consejo de la Magistratura.
t Si la acción avanza, el proceso obligaría a realizar una enmienda o una reforma constitucional.

Antes de presentarse ante el TSJ, la Asociación de Magistrados planteó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, que se declaró incompetente y lo devolvió al tribunal original.

El modelo de evaluación períodica suspendido plantea exámenes cada 4 años.

fuente http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/2/3/tres-anos-sin-evaluar-a-los-jueces_176813