La sociedad necesita que este caso se aclare y que los culpables sean condenados. En el debate se probó quiénes mataron a mi hijo”. Lo dijo César Antillanca, padre de Julián, el joven asesinado, luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara el fallo absolutorio de los policías imputados.

“La vida desde el momento del crimen se modifica para todos. Para los familiares de Julián y para los amigos. Ahora tenemos una perspectiva diferente, buscamos el modo más sano de encontrar la reparación de la Justicia. No es un reclamo personal, es colectivo”, expresó. Antillanca insistió con que en proceso hubo una secuencia de “ocultamientos” y “desvío de investigación por parte de la cúpula política de aquel momento”.

El padre del chico explicó que “llegamos al Tribunal Superior de Justicia por la arbitrariedad del fallo corrompido, por la falta de un sano criterio para analizar la prueba por parte de los jueces”. Antillanca recordó que “se halló en el análisis posterior, cuando los fiscales revisaban la fundamentación del fallo, que se cometió plagio, la copia literal de Ana Laura Servent y Alejandro Defranco del primer voto, que es el de Ivana González”.

César remarcó que junto con los fiscales “teníamos confianza en los argumentos del recurso extraordinario”. Y afirmó: “Creemos con certeza que en el próximo juicio serán condenados los culpables porque con pruebas técnicas y científicas, se comprobó que los acusados eran efectivamente los agresores y los que provocaron con la terrible golpiza que le dieron a mi hijo la muerte en forma inmediata”, aseveró.

“La lucha cotidiana no tiene que ver con esperanza y con fe: acá hay confianza en el trabajo realizado aún con todas las dificultades que implica ver que el informante oficial es del delincuente, porque la institución policial tiene sus mecanismos de impunidad que permite que este tipo de delitos sigan sucediendo”, describió.

César calificó a la absolución como “un atentado a la verdad. Acá no se falló en contra de Julián, se falló en contra de la verdad porque todas las pruebas son suficientes para condenar y fueron desconocidas, las científicas y las testimoniales”.

En tal sentido, aseguró que “no esperaba otra cosa porque las pruebas que analizaron los jueces del STJ son las mismas que analizaron y juzgaron arbitrariamente el primer tribunal. Fuimos a presentar el recurso con las mismas fojas y no esperábamos otro resultado”. Y aunque consideró que el plazo que tenía el Superior para decidir “estaba excedido largamente, todos estamos lamentablemente acostumbrados a que algunos plazos sean extensos, lo fundamental es el sano criterio de analizar las pruebas”.

Antillanca adelantó que al nuevo proceso lo impulsarán los mismos fiscales. “La necesidad de justicia es colectiva y es el rol del Poder Judicial poner las cosas en su sitio en el momento adecuado para que estos hechos aberrantes y lamentables no se repitan”.

-Por este caso fueron juzgados Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba, Pablo Morales, Carlos Sandoval y Gabriela Bidera, ¿todos son responsables?

-Es lo que se comprobó en el juicio. Todas las pruebas testimoniales y científicas. Uno de los hechos más graves del fallo fue desconocer completamente las pruebas. Se encontraron manchas de sangre en un zócalo del patrullero, reconocido por una de las testigos. Y se comprobó por los informes telefónicos cuales fueron los recorridos en el rango horario. El nuevo fallo del STJ nos da la razón de que las pruebas son evidentemente condenatorias.

Al comparar su caso con el caso Almonacid, donde también se absolvió a policías por un presunto abuso, interpretó que “hay una resistencia grande y tendría que haber un instituto intermedio en el Poder Judicial, porque es la Policía la que informa a Fiscalía y en ese punto falta un instituto intermedio que informe sin anomalías, como lo hace el Ejecutivo. No debemos olvidar que el que debe rendir cuentas del funcionamiento policial es el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial en estos casos depende pura y exclusivamente de lo que le informa la institución policial. Y como lo hacen arbitrariamente, ellos deciden qué cosas se van a perder y qué líneas de investigación. Es muy difícil obtener el cien por ciento de la información porque los agresores no van a informar correctamente”.

Según Antillanca, “debemos reconocer que las tres instituciones del gobierno, que son las que deben administrar todas las herramientas como para pacificar las necesidades del pueblo, tienen un alejamiento del llano donde vivimos las personas comunes”.

Para el padre del joven asesinado, “falta una institución judicial independiente, que no esté conectada con la Policía civil y que esté en condiciones de investigar, con herramientas humanas para poder trabajar independientemente y solvencia moral, y con independencia económica y administrativa. En Chubut no contamos con una Policía Judicial independiente”. 

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