Luego de que en el transcurso de la semana pasada en el Congreso de la Nación se aprobara la Ley del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, en Catamarca, la próxima semana, el diputado Alfredo Gómez impulsará que la cámara baja le dé media sanción al proyecto que a nivel provincial, pretende generar una base de datos de ADN en la que figuren los datos de aquellos que cometieron o intentaron cometer delitos sexuales.
La base de datos estaría compuesta con la información referente a las personas que han tenido condenas por haber cometido este tipo de delitos, ya sea efectivamente o en grado de tentativa, pero incluirá también un registro de ADN de los casos de delitos sexuales que hayan quedado sin resolución, para que, en el caso de que se reciba una denuncia, la información se pueda cotejar con la existente de los casos irresueltos y la condena que se dicte, sea acorde a la cantidad de atentados en contra de la integridad sexual que haya cometido.
“Nuestro objetivo principal apunta a la protección de la víctima”, aseguró el legislador creador del proyecto en diálogo con El Esquiú.com, quien afirmó que para la elaboración del mismo, se consultó y tradujo legislación vigente en EE.UU. y otros países, referentes al mismo tema.
“Hay mujeres que llegan a mi despacho y me cuentan su desesperación porque el hombre que violó a su hija ya está en la calle, y pasa, les toca bocina y amenaza con que va a violar a su hija menor; la intención es proteger los derechos de las víctimas y hacer un seguimiento de aquellos que incurrieron en delitos de índole sexual”, puntualizó Gómez.
A su vez, el diputado expresó que esto se lograría, como lo estipula el proyecto de ley, a través de la creación de una Oficina de Seguimiento; encargada de controlar lo que hace el violador, dónde vive y en qué lugar trabaja o estudia o si decide cambiar de trabajo.
Asimismo, este ente estaría encargado de registrar si éste sale de la provincia y cuál será su destino.
A su vez, en el caso de que el delincuente incurra en la violación de alguna de estas normas, el mismo deberá regresar a prisión a cumplir el resto de la condena, en el caso de que goce del beneficio de libertad condicional, o será detenido nuevamente.
Otra obligación que el violador deberá cumplir es la de cada 15 días presentarse en la mencionada oficina y habrá inspecciones en su hogar, para corroborar la veracidad de sus declaraciones y descartar la posibilidad de que reincida.

Base de datos

Por otra parte, Gómez explicó que la base de datos en la que quedarán registrados los delincuentes sexuales estará encriptada, de manera que no tengan acceso a borrar algunos de los antecedentes que allí figuren; ya que solamente personal específico de la policía y la Justicia, tendrían acceso a los mismos.
De todas formas, el legislador aclaró que estos datos no estarán a disposición del público, porque de esta forma, se verían violados los derechos constitucionales de los que infringieron la ley.
La responsabilidad de estos datos, entonces, recaería en el personal mencionado, quienes podrían acceder al mismo, solamente, en el caso de que sea requerido por alguna de las situaciones detalladas anteriormente.
“El proyecto tiene por objetivo asegurar el derecho a las víctimas de sentirse seguras”; explicó, agregando que en otros países se opta por métodos como la castración química o drogas para la reducción de la líbido; pero queda demostrado que aunque el violador no pueda llegar a una erección, puede hacer daño de otras maneras, especialmente tras sentirse altamente frustrado en estos aspectos.

Desde 2010

El proyecto elaborado por el diputado Gómez fue presentado en la Legislatura provincial en octubre de 2010 y en estos momentos espera despacho de Comisión, pero luego del antecedente legislativo a nivel nacional registrado la semana pasada; el mismo podría obtener media sanción en el transcurso de esta semana, según detalló Gómez. “En algún sentido, la provincia fue precursora en proyectos de esta naturaleza”, destacó.

 

http://www.elesquiu.com/notas/2013/7/7/policiales-287281.asp