NEUQUÉN (AN).- Más de 300 expedientes judiciales con denuncias por desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y presentaciones de hábeas corpus en Neuquén durante el período 1975-1983 fueron hallados a un año de iniciada la investigación por presuntas complicidades judiciales con la última dictadura militar.

Los datos fueron revelados ayer por la delegada de la secretaría de Derechos Humanos de Nación, Beatriz Gentile, y el abogado Marcelo Medrano, en una conferencia de prensa en la que destacaron los avances del proceso que se inició en 2012.

«La presencia de estos expedientes marcan que la sociedad recurrió a la Justicia durante los años de terrorismo de Estado esperando que le diera una respuesta ante la desaparición de sus seres queridos», explicó Gentile.

La investigación fue impulsada por la secretaría tras una serie de testimonios en los juicios de 2008 y 2012 que sugerían la «necesidad de indagar qué había sucedido con las presentaciones que allegados a las víctimas habían hecho por la desaparición de personas».

Los querellantes solicitaron a la justicia federal las nóminas de magistrados judiciales federales y provinciales en funciones durante el período 1975-1983, así como también conocer qué destino había tenido el tratamiento de hábeas corpus y denuncias presentadas por familiares de víctimas.

 

Expedientes sin respuesta

 

A un año de iniciada la investigación «se pudo saber por las distintas dependencias judiciales que han respondido, que hay 324 expedientes cuyas carátulas tienen que ver con denuncias por desaparición, privación ilegítima de la libertad, secuestros, espionaje y hábeas corpus», explicó Gentile.

«Muchos figuran en los registros pero no se han hallado físicamente, otros sí, y algunas dependencias plantean que los archivos han sido expurgados. Materialmente contamos con un puntapié inicial para la investigación», agregó.

Si bien no se adelantaron nombres para no entorpecer la instrucción de la causa, los querellantes señalaron que no salpica a magistrados que actualmente estén en funciones y que el fuero federal es «el más comprometido».

«La forma en que fueron tramitadas las denuncias también nos sugiere que el Poder Judicial fue una parte sustancial del funcionamiento del plan sistemático represivo en la Argentina y también parte sustancial, como cara no visible, del Estado terrorista. La visible fue la que operó en los centros clandestinos de detención y que hoy se está juzgando», destacaron.

 

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