En la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay dos causas sobre la sindicalización de la policía pendientes de resolución. Una de ellas está en el máximo tribunal desde hace tres años con un dictamen de la Procuración General que rechaza la agremiación de los uniformados. La otra llegó a la corte este año.
Hace 15 años, en 1998, el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo. El entonces ministro Antonio Erman González, rechazó el pedido. Lo mismo hizo luego Graciela Camaño, entonces ministra de Trabajo. SIPOBA recurrió a la justicia laboral pero está también rechazó el pedido. “Su situación no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general”, sostuvieron los jueces de la sala V de la Cámara del Trabajo en 2008.
El caso llegó a la Corte Suprema en diciembre de 2010. Actualmente está lista para que el máximo tribunal dicte sentencia. El expediente ya pasó por 5 de los 7 integrantes de la corte, y en diciembre del año pasado la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictaminen.
La procuradora recomendó que se rechace el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa”. La procuradora, haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio».
Haciendo un análisis del convenio, Gils Carbó explica que las normas internacionales que “tratan específicamente los derechos sindicales acogen expresamente las especiales características de la actividad y de las funciones realizadas por las fuerzas policiales”. Y esa tarea “es delegada por los convenios internacionales a las legislaciones internas de cada Estado miembro”
La otra causa que se encuentra en manos de la Corte Suprema llegó en agosto de este año, a raíz de una presentación del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SIMNPOPE). Una agrupación que, según sintetiza en su página web, busca “tener seguridad para dar seguridad”.
Muy emparentada con la CGT de Hugo Moyano -el hijo de este Hugo Antonio Moyano (Jr) es su representante legal y quien llevó la causa al máximo tribunal- este grupo intentó inscribirse como gremio y el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido en diciembre del año pasado.
En abril pasado la Cámara Laboral, a donde llegan directamente los reclamos de este tenor, rechazó el pedido de inscripción luego de una acción judicial iniciada por Moyano Jr. La sala X de la Cámara sostuvo que “un examen de los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con nivel constitucional permite afirmar válidamente la presencia de una clara y notoria restricción a la sindicalización de los integrantes de la Policía”.
“Son funcionarios públicos y ejercen por delegación una parte del poder estatal, en ellos prevalece la existencia de una función estatal con una completa identificación con el poder público que le confiere el cargo”, explicó la sentencia que ahora se encuentra en el máximo tribunal para que se expida.
