El Gobierno provincial volvió a sortear esta semana otra crisis que amenazaba poner en riesgo todo lo que viene consiguiendo desde su relanzamiento de noviembre pasado.
Siempre los conflictos con policías son complejos y el de la semana pasada tenía una particularidad: fue lanzado luego del anuncio de un aumento salarial y sin muchas más razones que el “efecto contagio” que causó la crisis cordobesa, que puso en vilo al país y a media docena de provincias.
Por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno de Martín Buzzi logró adelantarse al conflicto, por lo que el reclamo nació rengo a pesar de la legitimidad que tenía.
Así y todo, la negociación fue rápida y menos de 49 horas estaba desactivada. Pero dejó en ciernes un debate: el de la sindicalización de la Policía para que este y los próximos gobiernos pueden tener con quién negociar.
Tal vez, la debilidad de los que reclamaron no fue sólo la poca cantidad en relación a los 4.200 policías que hay en Chubut, sino la multiplicidad de voceros y demandas, que terminó por confundir a los propios policías.
Los mismos que en un momento reclamaron 12 mil pesos de básico para un ingresante (lo que equivaldría a 18 mil pesos de bolsillo) a las pocas horas bajaron su pretensión a 7.500 pesos. No consiguieron ni una cosa ni la otra, pero se llevaron uno de los mejores arreglos que haya habido en el país en los últimos días, inclusive por encima de la Provincia de Buenos Aires y otros distritos importantes del país.
Se viene el debate
Cada vez que los reclamos policiales hacen eclosión, surgen dos discusiones: la imposibilidad de negociar con representantes legítimos y la sensación de que nuestra sociedad no está preparada para vivir sin los límites del control estatal.
Esta vez, en Chubut no hubo funcionarios a los que se les erizara la piel cuando se tiró sobre la mesa la necesidad encarar, de una vez por todas, una discusión profunda para lograr que los policías puedan negociar sus salarios o sus demandas como cualquier otro trabajador. Aunque con reparos, claro.
El primero en expresar internamente esa posibilidad fue el principal negociador de este último conflicto, el secretario de Seguridad, José Glinski. Integrante de una nueva camada de funcionarios que no responden a los estándares tradicionales de la política, se sabe que Glinski le ha expresado al propio gobernador Buzzi y al ministro Coordinador, Miguel Castro, que es inevitable dar el debate.
Ni lerdo ni perezoso, Castro salió a anunciar el viernes que en enero habrá un proyecto en marcha para discutir. No parece ser sencillo de resolver, pero el Gobierno está dispuesto a ir a fondo.
Castro sumó otra buena esta semana: logró reunir en el aniversario de Paso de Indios a todos los intendentes del Provech con los que ha venido caminando juntos en los últimos años.
Son los mismos que se habían mostrado junto a Sergio Massa y Mario Das Neves en la visita del líder del Frente Renovador a Trelew, cuando el Gobierno provincial intentaba reacomodarse tras el resultado electoral.
Esta vez, esos mismos jefes comunales le dieron un fuerte apoyo político al exintendente de Cholila. Los números del presupuesto y las obras que se vienen los volvió a acercar a un dirigente que tiene muchas coincidencias con ellos y ahora, además, tiene un poder de decisión determinante.
Paritaria sí, huelga no
Marcelo Saín es un reconocido especialista en seguridad y además ocupa una banca de diputado por el kirchnerismo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
El modelo de sindicalización policial que propone Saín es el que varias provincias están evaluando para implementar, y Chubut no sería la excepción.
“Necesitamos una reforma normativa para que la sindicalización sea posible”, dijo Saín en una entrevista reciente. “Cuando yo hablo de sindicalización estoy hablando de OIT (Organización Internacional del Trabajo), de las normas que recomienda OIT, de la ley de asociaciones profesionales y de hacer las reformas legales que permitan la agremiación con las limitaciones del caso. Como los médicos o el personal sanitario, que no pueden hacer una medida de fuerza en determinadas actividades y áreas de trabajo, como puede ser una guardia hospitalaria”, explica Saín.
Cualquier sindicalización seria se hace limitando a los policías el derecho de huelga porque, dicen los especialistas, h ay otras formas de protesta social.
El cambio en la relación de los policías con el Estado empleador tiene que venir atado a un cambio en la profesión policial, en la carrera de las policías. “La policía se maneja con los criterios del siglo XIX, de lo que es una carrera policial, muy parecida a las careras militares, pero del siglo XIX”, dispara Saín.
“Está claro que no es lo mismo un policía de investigación que un policía de mantenimiento del orden público. No es lo mismo un policía científico que lo que es un policía de operaciones especiales. No es lo mismo un policía de patrulla en ruta que un policía de patrulla urbano. No es lo mismo un policía de prevención de delitos rurales. Es tan compleja la actividad policial en cada uno de estos campos que las carreras tienen que inevitablemente garantizar la especialización, como ocurre con la medicina, como ocurre con la economía, como ocurre con la sociología”, agrega Saín.
Confusión legislativa
Con el fuego de la crisis policial calentando los pies, los diputados provinciales de Chubut volvieron a convertirse en una confusa caja de resonancia de los conflictos. Lejos de ayudar a acortar los caminos para que las soluciones que propone el Gobierno, aunque muchas veces insuficientes, se implementen los más rápido posible, los legisladores chubutenses eligieron jugar -otra vez- un papel protagónico que el momento no pedía.
La escasez argumental para sostener el pase a Comisión del proyecto de aumento para los policías que el Gobierno envió para desactivar el conflicto, fue notable. Muchos parecen haberse contagiado la contradicción que bajaba de las barras, con algunos policías en actividad y otros exonerados que, curiosamente, pedían no aprobar el aumento salarial que la enorme mayoría de la fuerza aprobaba de hecho.
La Legislatura no termina de acomodarse a los cambios que un sector importante del peronismo está experimentando luego de la durísima derrota del 27 de octubre, y termina llevando al recinto los resabios del internismo.
De esta manera, los legisladores presuntamente “oficialistas” se terminan diluyendo en el discurso extremadamente opositor de los opositores tradicionales, que termina reuniendo a casi toda la cámara en la vereda de enfrente del Gobierno de Martín Buzzi por el sólo hecho de no hacerle la vida fácil y no siempre por tener una razón valedera que lo justifique.
De cualquier modo, hay excepciones. Como la que ocurrió esta semana con la aprobación unánime del proyecto de reparto del cánon de 142 millones de los casinos que operan en la provincia -sólo faltaron dos legisladores, el radical Roberto Risso y la dasnevista Raquel Di Perna-, que mostró que cuando los diputados quieren ponerse de acuerdo rápido, no hay obstáculos que valgan.
Fue tanta la coincidencia, que le agregaron al proyecto oficial algo que no estaba en el original: cuánto le corresponderá a cada municipio.
La nueva alianza
El anuncio del encuentro que mañana mantendrán en la Legislatura el diputado nacional Mario Das Neves y el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy, dejó con la boca abierta a más de uno. Inclusive, a muchos de los más cercanos colaboradores de ambos.
Nadie se imaginaba hace un tiempo que ambos podrían sentarse a dialogar de nada. Sólo esa posición extrañamente opositora que Mac Karthy ha decidido jugar contra el Gobierno desde adentro mismo del Gobierno, lo pudo acercar al exgobernador.
En privado, Mac Karthy le explica a los suyos que no le quedó más remedio que conceder la audiencia que Das Neves le pidió por escrito. Y que sólo se trata de un encuentro para charlar sobre las obras destinadas a los municipios en el Presupuesto 2014 y de ninguna manera de temas de política interna.
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