Es una de las deudas de la democracia. No se pudo, en estos treinta años, construir una policía –federal y provincial– acorde a la nueva etapa constitucional. Ninguno de los gobiernos, desde 1983 hasta la fecha, pudo limpiar, renovar las fuerzas de seguridad heredadas de la dictadura.
Pero sería equivocado achacarle a la dictadura cívico-militar que comenzó aquel 24 de marzo de 1976 la culpa del altísimo nivel de corrupción policial. Es una historia mucho más vieja.
En otra época era “garronear la pizza”, pedirles una parte de las ganancias a los levantadores de quiniela y hacer la vista gorda con los prostíbulos. En los últimos años la abrupta aparición de los narconegocios aumentó geométricamente las ganancias así como la violencia para protegerlas.
¿Qué se oculta detrás de los reclamos, muchas veces legítimos, por mejores salarios? ¿Quiénes promovieron estos levantamientos? ¿Qué rol juegan los policías retirados y los exonerados por distintos delitos? ¿La sindicalización es una solución para el problema? Estas preguntas forman parte de un debate ineludible y que encaramos en esta edición de Veintitrés.
Al cierre de este número, todavía quedaban algunos focos de conflicto en las provincias. Esto vuelve más urgente un replanteo de la forma en que se incorporan, seleccionan y se promueven los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Es sin duda uno de los trabajos pendientes. Esto lo reconoció la propia Presidenta de la Nación en el discurso que brindó al conmemorar los 30 años de democracia en el Museo del Bicentenario.
Un trabajo que hay que encarar entre todos. Oficialismo y oposición. Es mucho lo que está en juego.
