Incitación a la violencia y sedición. Estos fueron los delitos que el equipo de Fiscales del Ministerio Público le imputó a un centenar de personas -en su gran mayoría policías y agentes penitenciarios- en el marco de la investigación abierta de oficio por la sublevación policial que protagonizaron uniformados de la provincia durante los días 8, 9 y 10 de diciembre.

El requerimiento judicial fue presentado este martes ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Carlos Skidelskiy y contó con la firma de los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Sansserri, Carlos Amad y Federico Carniel. La investigación preliminar tiene 1900 fojas y fue realizada durante el mes de diciembre 2013 y enero 2014. Declararon un total de 25 testigos.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el requerimiento se dividió en secciones jurisdiccionales. La primera implican los hechos ocurridos en Sáenz Peña en la toma de la División de Emergencias 911 y de Atención a la Mujer.
La segunda tiene que ver con el acuartelamiento o alzamiento correspondiente al Complejo Penitenciario II del Servicio Penitenciario Provincial. Y tercera correspondiente a lo acontecidos en Resistencia con el acuartelamiento policial de las comisarías quinta, séptima y décima.

Imputados

Entre los imputados están el comisario Juan Ramón Cantero, junto a sus abogados Elena Irrazabal y Martin D’alessandro. Estos últimos están acusados de instigar a la violencia al intentar convencer a los policías que se sumen a la sublevación garantizándoles patrocinio jurídico en caso de represalias.

A estos se les sumó los voceros de los policías sublevados en Resistencia, Karina Soledad Chas y Jorge Mario Duarte y 49 efectivos del Servicio Penitenciario provincial, entre otros. Los delitos que se les imputan, dependiendo la conducta tomada por cada uno de los implicados va desde la sedición e incitación a la violencia colectiva, ambos en concurso ideal, agravado por la finalidad de aterrorizar a la población.

Saqueos

En su voluminoso escrito, los fiscales hicieron una clara distinción entre el saqueo por hambre y el saqueo como una forma de generar la zozobra en la ciudadanía, con el fin último de lograr una conquista salarial ilegal por parte de los sublevados.
«Debe distinguirse el saqueo, si se desea el término, ‘famélico’ tal como pudo haber ocurrido durante el año 2001 en la grave crisis económico/política que atravesó nuestro país, del saqueo no solo con la finalidad de ocasionar un daño, o aprovechar la sensación de anarquía o sinónimo de caos, sino como modus configurativo de coacción en clave sediciosa o uso de la fuerza, para atentar contra el orden constitucional o arrancar una medida utilizando tales herramientas», indicaron.
Por otra parte, amén de la discusión sobre si los policías son destinatarios plenos del derecho a huelga, «en el presente hecho se observan ribetes que trascienden la discusión salarial. Entre ellos, el dato de que hicieron uso de bienes del Estado de vital preponderancia para llevar a cabo la función de prevención y seguridad, como los patrulleros, los correspondientes chalecos y escopetas, la tenencia de sus armas reglamentarias, no poniéndolas a disposición de modo previo a la supuesta medida de fuerza».
«Desde este punto de vista, tampoco han garantizado los servicios mínimos, pues tanto en el caso de los funcionarios policiales como del Servicio Penitenciario Provincial se rehusaron a hacer entrega de los chalecos antibalas, las escopetas y las correspondientes llaves de los patrulleros, en el caso de los primeros, así como las llaves de las celdas y demás elementos, en el caso de los últimos», denunciaron.
Sedición

En cuanto a la acusación de sedición, los fiscales aclararon no acusan a los sublevados de intentar tomar la Policía de la Provincia, la Legislatura o incluso el sillón del Gobernador, «sino que mediante el autoacuartelamiento armado y cese de las funciones se operó como una herramienta coactiva y grupal para que el Gobierno tome una medida respecto a su cuestión salarial».
«No solo se debe considerar violencia a la utilizada o proferida de propia mano por las fuerzas policiales en alzamiento, sino además el hecho de que los mismos se valían de la situación de caos reinante, el miedo y perspectiva de saqueos latentes por parte de malvivientes al resto de la ciudadanía. Esto debe tomarse como parte del mecanismo de violencia inmerso en el alzamiento en armas», afirmaron.
«Los acusados no fueron ajeno a esto, la serie de mensajes que circulaban fomentando una medida de fuerza ante el acuerdo firmado por el gobernador José Manuel De La Sota, por un abultado monto, en la Provincia de Córdoba, fue un condimento especial que dio fuerza de decisión de acción en alzarse en armas. A los acusados no les fue relevante la consecuencia dejada por los saqueos en Córdoba ante la inacción de las fuerzas policiales locales, así como el temor generado en la población, decidieron llevar a cabo su medida. Ellos no solo conocían de las consecuencias que podría traer aparejado una decisión de tal magnitud, sino que actuaron con tal finalidad, ¿Qué mejor que un pueblo atemorizado por los saqueos o de un enfrentamiento de todos contra todos, como herramienta de presión a los poderes gubernamentales para arrancar una medida, en este caso un incremento salarial?», se preguntaron, en el escrito.

http://www.chacodiapordia.com/judiciales/noticia/83879/imputan-a-un-centenar-de-policias-del-chaco-por-sedicion-e-incitacion-a-la-violencia