El atroz video que recoge las torturas inferidas a dos jóvenes en la comisaría de General Güemes, en Salta, ha aparecido en las portadas de muchos periódicos del mundo. Lo doloroso no es sólo la brutal imagen que la Argentina ha transmitido internacionalmente sino la convicción de que ese testimonio sobrecogedor permite acceder a una realidad oculta que parece seguir muy arraigada en la cultura de nuestra policía. Es una muestra elocuente del fracaso de unas políticas de derechos humanos que, entretenidas en la retórica, han carecido de efectividad para cambiar pautas y comportamientos reales.

Según lo señala el CELS, «las situaciones de apremio forman parte de la cultura y sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas». Por su parte, la ONG Inecip (Iniciativa por la Reforma Procesal Penal) añade que «la tortura en lugares de detención, lejos de constituir un episodio aislado, no es más que la manifestación de un modelo de seguridad autoritario, opaco, violento, patriarcal, ineficiente y militarizado que cuenta con asentimiento, cuando no con explícito apoyo, de las autoridades políticas y con la venia de vastos sectores de los poderes judiciales que son tolerantes y complacientes con los tratos crueles, inhumanos y degradantes y con su impunidad».

Según María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional (Correpi), «el riesgo ahora es que esto se quede en una suerte de hecho aislado, asociado a la situación de una provincia en particular, cuando lo único particular de este caso, lo único que lo diferencia de muchos otros, es que trascendió y se hizo público. Pero la tortura es sistemática, las denuncias son cotidianas en la Argentina. Si entrás en nuestra página y ponés tortura o tormento te van a salir cientos de ellas».

Hay quienes piensan que la tortura es producto de la herencia recibida de la dictadura militar de 1976-1983, que la usó en forma industrial para derrotar a un enemigo denominado genéricamente «la subversión» pero en donde fueron incluidos también todos los que en forma pacífica trasladaban una queja o una protesta. Sin embargo, lo cierto es que la práctica de la tortura y la «ley de fugas» aplicada a delincuentes comunes forman parte de una consolidada tradición de las fuerzas de seguridad muy anterior a la dictadura. Las habituales noticias de «delincuentes abatidos en un enfrentamiento» son reveladoras de una práctica tradicional de disparar a personas que ya se habían entregado.

Lo verdaderamente notable es que estos hábitos subsistan en un país en el que en centenares de juicios celebrados a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, relacionados con los detenidos y desaparecidos de la dictadura, se han revelado las formas más ingeniosas y atroces de tortura que puede elucubrar la mente humana. Recientemente, en el juicio de «La Escuelita» II celebrado en Neuquén, hemos podido conocer la forma inmisericorde y francamente bestial con la que fueron torturados algunos de nuestros compatriotas.

En la edición del pasado 19 de junio, «Río Negro» señaló que «los procedimientos violentos no son novedad en la Policía de Río Negro», señalando los hechos graves –incluidos homicidios– que se han registrado a lo largo y ancho de nuestra provincia en los últimos años. En el caso Solano, por ejemplo, además de los indicios de participación policial en la desaparición del trabajador salteño, la investigación reveló graves apremios y hostigamientos habituales de uniformados a trabajadores golondrina.

La ONG Correpi informa que luego de que el gobierno menemista, en la voz de Carlos Corach, intentó deslegitimar su denuncia sobre la política represiva reclamando «números y datos», inició una labor de sistematización de la información. En el informe del 2011 señala que «después de la reelección de un gobierno que se adjudica el rol de ‘defensor de los DD. HH.’, nuestro archivo sigue evidenciando números que contradicen de pies a cabeza ese discurso. Sobre 3.393 personas asesinadas desde 1983 a la fecha, 1.836 murieron en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en los últimos 12 meses. Más del 50 por ciento son pibes menores de 25 años». Añaden que su archivo muestra que «la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país».

La práctica de la tortura y el gatillo fácil –al igual que la violencia de género, que provoca la muerte de decenas de mujeres todos los años– son rasgos de una cultura autoritaria y pretoriana muy arraigada en nuestras sociedades. El fenómeno tiene tal extensión y profundidad que erradicarlo exige singulares políticas de Estado, acordadas entre todos los actores con responsabilidad en el tema –gobiernos, policías, autoridades judiciales, ONG, etcétera–, que se apliquen en forma continuada a lo largo del tiempo. Requiere enorme voluntad política para afrontar el problema con honestidad, poniendo medios y recursos, y una clara transparencia informativa que permita evaluar los resultados para introducir luego las correcciones necesarias.

En ésta, como en otras políticas que afectan modos y comportamientos hondamente arraigados en nuestra sociedad, la peor estrategia es la del autoengaño: la creencia de que por agitar retóricamente un objetivo la labor ya está hecha. En materia de derechos humanos es notable la capacidad de los dirigentes y partidos políticos para proclamar su propia inocencia. Tzvetan Todorov ha establecido la distancia que media entre una memoria literal y una memoria ejemplar en materia de derechos humanos. La primera, literal, se refiere a los acontecimientos del pasado como hechos singulares que se recuerdan pero ya no impactan en el presente. La segunda, ejemplar, utiliza el pasado para abordar y entender el presente. Es la única que permite, según Todorov, convertir el pasado en lección, es decir, en un principio que ayude a cambiar y transformar el presente.

 

(*) Abogado y periodista

 

fuente http://www.rionegro.com.ar/diario/el-uso-pertinaz-de-la-tortura-924516-9539-nota.aspx