No hay muchos especialistas en la problemática de seguridad que tengan experiencia en gestión y solvencia intelectual. Alberto Binder es uno de los expertos que combina meter los pies en el barro a la vez que no deja de desarrollar su labor académica. A su tarea como jurista y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales le sumó la responsabilidad de asesorar en materia de seguridad al intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti. “Estamos aportando a pensar cuál es el nuevo rol que el municipio tiene que cumplir en la política de seguridad. Lo de Mar del Plata no es solamente la creación de las policías comunales”, explicó en una entrevista con Veintitrés.

–Uno de los grandes problemas que hay –un problema muy serio– es que las otras dos dimensiones de la política de seguridad, la federal y la provincial, suelen tener niveles de descoordinación tan altos y un nivel tan bajo de conocimiento de la realidad local que se generan condiciones de ineficacia muy grandes. Entonces los intendentes, que sí o sí tienen que pisar el terreno de sus municipios, comienzan a cumplir una función distinta. En el caso de Mar del Plata, nuestra propuesta es mucho más compleja que la creación de una policía comunal. Se creó una secretaría nueva. Y algo que muy pocos municipios tienen en el país: un centro de análisis de la conflictividad y del delito. Es parte de una estructura que le permite al intendente ser un actor nuevo en la política de seguridad. Esta semana comenzó el comando de patrullas, como en otros municipios. El tema es que el patrullaje y las cuadrículas pueden ser una herramienta de información que permita planificar tareas disuasivas interesantes, o pueden terminar siendo cualquier cosa. Lo que el intendente va a hacer, de acuerdo a lo que le sugerimos, es poner en funcionamiento un comité de seguimiento que permita ver qué pasa con patrullaje, qué cambiar. Esto va a ir generando una dinámica y una interacción totalmente distinta que evite la degradación que por simple entropía tienen los sistemas de patrullaje, que son rutinarios, bobos, sin ningún tipo de rumbo. Hay que ver en qué cuadrículas hay problemas y por qué detienen a tal persona. Esto es lo que queremos lograr con el nuevo modelo de política de seguridad local.

–¿Con qué otras herramientas van a contar?

–Un paso muy importante es la creación de una mesa conjunta entre fiscales federales, provinciales y el municipio para encarar el problema del narcotráfico. Hace falta una tarea conjunta urgente. Lo que la procuradora Alejandra Gils Carbó ha hecho de crear fiscales de distrito está ayudando. Es la primera vez que hay un fiscal que coordina el distrito y empieza a hablar con fiscales provinciales. Por otra parte se está tratando de desarrollar un modelo nuevo de videocámaras que no está solamente al servicio de la vigilancia criminal. En el tema de las cámaras nunca está claro si es un negocio o una herramienta real: no hay evaluaciones tan claras y contundentes sobre si este sistema de cámaras es eficaz en términos de los costos que tiene. Hay montado todo un sistema de negocios detrás. El modelo que se está usando está fuertemente integrado a los problemas de emergencias, de control de tránsito, de los problemas que ocurren en una ciudad. El modelo de centro de monitoreo que proponemos está mucho más vinculado al 911 y al sistema de Defensa Civil. También va a estar orientado a la criminalidad y el delito pero no solamente a eso. El resultado va a depender del sistema que tengas atrás. La clave es la inteligencia y la planificación –donde más se falla–, no es la tecnología.

–¿Qué opina de la discusión que se está dando a nivel provincia de Buenos Aires con las policías comunales?

–Estoy muy a favor de policías municipales. Resuelven problemas de asignación de recursos y de localización del personal. La policía Bonaerense rota permanentemente, no conoce el lugar, no hay posibilidad de especialización. Los municipios quieren tener herramientas y la policía comunal es una. La clave está en qué capacidad va a tener el municipio para dirigir esas policías. Se debate si deben ser guardias urbanas o policías en serio: yo creo que tienen que ser en serio. No es un proyecto menor. Esto va a llevar a un debate con la vieja Bonaerense sobre el control territorial. Se juegan muchas cosas.

–En los ejemplos de Ezeiza y Tigre parecería que no hacen más que reforzar a la Bonaerense.

–No son nuestros modelos. En Morón y en Mar del Plata tratamos de construir un modelo donde efectivamente el municipio tome el control y que no sea abrirle una nueva área de competencia a la Bonaerense. Queremos avanzar en profesionalizar una estructura de conducción futura.

–¿Cómo está la situación del delito en Mar del Plata?

–Mar del Plata tiene que cuidarse. Hay un caldo de cultivo enorme para el desarrollo de mercados ilícitos en Mar del Plata. Pero Mar del Plata no puede darse el lujo de que le pase lo que pasó en Rosario. Es el lugar de la buena onda y las vacaciones. En Rosario los nuevos mercados ilegales descompusieron la situación muy rápidamente. Recién hace un año y medio el gobierno socialista reaccionó con un nuevo plan, se pusieron de acuerdo con las fuerzas federales. También hay un nuevo plan: si bien no va a haber municipalización, se va hacia jefes locales; es un modelo intermedio. Hay una enorme brecha social, cinturones de pobreza, trabajo estacional, casas vacías, millones de personas que van y vienen. Está todavía en circunstancias favorables. El intendente está reaccionando a tiempo, vamos a ver qué policía municipal se puede construir.

–Mientras tanto, tienen que contar con la Bonaerense, sospechada de corrupción estructural.

–Es lo que hay. La clave es que el intendente tenga política de seguridad transparente, con capacidad de conducción, conociendo la ciudad y con un staff de gente que lo acompañe. Ya con esto se empiezan a movilizar recursos existentes de un modo más dinámico. Hay sectores, como Margarita Stolbizer, que tienen dudas y están en oposición al proyecto de policías comunales. Sabemos que puede significar que en algunos lugares del Gran Buenos Aires los intendentes terminen construyendo policías que acentúen la corrupción. No negamos el desafío. Pero los intendentes ya tienen el manejo de la policía, la alianza con la Bonaerense ya funciona hoy. Y hay un reclamo ciudadano muy fuerte de seguridad. La situación actual es que el intendente puede sacar provecho de su pacto con la policía y al mismo tiempo evadir responsabilidades. Queremos que los intendentes tengan que dar la cara por la situación. Sería muy ingenuo decir que no va a haber pactos, pero no va a ser tan sencillo realizarlos con una sociedad tan cercana y con el nivel de sensibilidad social que hay.

–¿Cuál es el principal problema de la Bonaerense?

–La Bonaerense, como todas las policías del país, se quedó a mitad de camino en su proceso de descentralización. Hay que descentralizar la policía preventiva y centralizar la policía de investigación. Asistimos en todo el país a una fuerte desprofesionalización de las policías, que es muy negativa. La dirigencia política no tomó en serio las huelgas que hubo a fin del año pasado: tendría que haber tomado nota de que eran en gran medida huelgas en contra de la propia cúpula policial y que las condiciones laborales son muy malas, extremadamente graves. Y se lo tomó como una sedición. Cuesta que la dirigencia política tome la política de seguridad en serio.

–¿Qué opina del intento de Nilda Garré de retomar el control político de las fuerzas de seguridad?

–Garré también se quedó a menos de mitad de camino: cuando empezó a desarrollar un programa, le pusieron a Sergio Berni como interventor. Hasta se podría decir que Berni podría ser un buen jefe de policía, pero la conducción política de las fuerzas de seguridad no significa usar a las cuatro fuerzas de seguridad como una sola. Es un descontrol. Y todas las demás áreas del gobierno que tienen que ver con la seguridad se debilitaron, como la planificación y el manejo de información. Construyeron un nuevo modelo de autonomía policial.

–¿Qué debería hacer la dirigencia política?

–Nuestra dirigencia política, cuando reacciona ante la problemática de seguridad, todavía lo hace sin darle importancia. Durante mucho tiempo la dirigencia no se preparó para esto. El doble pacto de la dirigencia política con la policía y de la policía con las bandas criminales no se termina de abandonar. Hacerse cargo de la seguridad no es sencillo. Implica riesgos, cortar circuitos de financiamiento ilegal. Y no apareció todavía una dirigencia política que asuma que tiene que hacer política de seguridad no sólo para zafar.

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