Finalizó ayer la etapa de testimonios y alegatos del juicio político que se sigue al juez Axel López, acusado por haber cumplido con la ley o, en términos explicitados por la acusación, por no haber ido más allá de ella, en el caso de un condenado –Juan Cabeza– que, habiendo accedido a la libertad condicional ordenada por López, secuestró y mató a Tatiana Kolodziey en Resistencia, en octubre de 2013. Ayer, fue significativo el testimonio de Margarita Camus, jueza de Ejecución de San Juan. Se destacó también el testimonio del perito psiquiatra Ramiro Isla, el otro testigo principal de la acusación, responsable del breve informe en el que sostuvo que Cabeza no estaba en condiciones de salir en libertad. Se destacó porque hizo gala ante el jurado de su técnica intuitiva, de sus recuerdos de Lombroso y de la utilidad de las fábulas en el tratamiento psiquiátrico. Nada de esto que puede parecer excesivo lo es por ocurrencia del cronista, es descripción purita y se desarrollará durante la nota. Llegados los alegatos, a la acusación le llevó media hora, quince minutos por parte, desarrollar su idea de que, finalmente, se requiere “una medida ejemplificadora”. Fue, quizás, la única coincidencia, desde el ángulo contrario claro, con el alegato de la defensa, en el que durante una hora Raúl Zaffaroni se extendió sobre el miedo que ya había producido el jury en la censura de los jueces y la responsabilidad política de todo el espectro que sostiene la actividad judicial, incluyendo al propio Consejo de la Magistratura, los medios, el Senado y otros.

De los testimonios de la fecha, Eduardo Díaz, médico psiquiatra del SPF, relató cómo, dos veces por semana, durante cuatro años (400 sesiones a grosso modo) atendió a Juan Cabeza antes de recibir la condicional. Fue su informe sumado al del comité criminológico y las evaluaciones de conducta (10) y concepto (7) los que sostuvieron la decisión de Axel López, según consta en su resolución. Le preguntaron a Díaz y respondió que “en ningún momento surgieron indicios que indicaran que reincidiría”.

También declaró Margarita Camus, jueza de Ejecución de San Juan. Su testimonio sirvió al jurado para conocer las vivencias de un juez bajo presión mediática. Camus había liberado a un detenido que ya había cumplido condena y los medios la acusaban y le reclamaban “¡rejas!”. Siguió Adolfo Pérez Esquivel, quien insistió en la gravedad de acusar a un juez por cumplir la ley.

Siguió Isla. Su informe, de escasas diez líneas, debía ser tenido en cuenta por López, según la denuncia, por encima de las 400 sesiones del psiquiatra Díaz, del criterio del comité criminológico, de las notas de conducta, de los cuatro años de transitorias que llevaba cumpliendo sin problemas, de los nueve de doce camaristas de Casación, quienes solían rechazar por extemporáneas las apelaciones del secretario de fiscalía Jorge Andrades. Y por encima de la ley.

Pero el testimonio de Isla no se limitó a las diez líneas. Explicó en qué consistió su “única evaluación de veinte minutos”. Describió por qué no usaba tests ni exámenes clínicos que luego pudieran ser tomados como base para las conclusiones de un juez: utiliza la “técnica de la intuición”.

–¿A qué llama intuición? –preguntó intrigada la camarista Beatriz Fontana.

–Como cuando a un amigo se le ve la cara, y ya se sabe que es amigo –respondió Isla.

Cuando la defensa le preguntó si a lo largo de todos los años de trabajo en Chaco había dado un informe positivo en casos de delitos sexuales, Isla respondió que no. Y como modelo para explicar su basamento técnico dijo que a los condenados por delitos sexuales “les pasa como en la fábula de la rana y el escorpión”, explicó. “Está en su naturaleza.”

La psicóloga Stella Maris Sánchez explicó que, como profesional, no se puede realizar un diagnóstico en 30 minutos, sino que se exige un número mayor de entrevistas. Cuestionó la técnica de la intuición y que siempre hay que “dar cuenta de los instrumentos utilizados en un diagnóstico”.

Después se pasó a un cuarto intermedio. Desde las 16 se inició la etapa de los alegatos. La acusación leyó su criterio en media hora, 15 minutos para el juez laboralista de Lanús Jorge Candis, 15 para el diputado por Corrientes (UCR) Gustavo Valdés. Candis insistió en las víctimas de Cabeza y en que la sentencia debía “ser ejemplificadora”. Valdés, que “si los jueces violan la ley y la Constitución todos los días, Axel López bien podría haberlo hecho”.

La defensa técnica la dio Adrián Albor, quien subrayó que su defendido había actuado en el marco de la ley; cuestionó el informe de Isla, recordó las evaluaciones sobresalientes de conducta y concepto de Cabeza y destacó que era imposible para López no disponer la condicional porque hubiera sido pasible de ser sancionado por prevaricato. Después, durante una hora, Raúl Zaffaroni desarrolló su alegato. Media hora para describir la cuestión técnica; media hora para desarrollar la parte política del jury.

Sostuvo que López cumplió con lo que le requería la ley; recordó que ordenó que aun con la condicional ordenó obligaciones: le impuso cumplir un tratamiento psicológico obligatorio, prohibió que condujera vehículos, ordenó que asistiera permanentemente al Patronato de Liberados e indicó que perdería su condicional si no se cumplía alguna de las órdenes.

Después cuestionó que el Consejo no cubriera los juzgados de Ejecución vacantes, que su proyecto de ley sobre un Patronato de Liberados con profesionales estaba frenado en el Senado, que los medios critican sin saber porque si su proyecto de Código Penal estuviera sancionado no habrían aplicado tan fácilmente la condicional a Cabeza. Y concluyó diciendo que, por más que absolvieran a López, el daño ya estaba hecho: el jury desparramó miedo entre los jueces.

 

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