Ordenar a alguien que se identifique, solo porque sí, significa que el solo hecho de “ser” resultó llamativo a la autoridad interviniente. Se parte de que por tener algunas características determinadas ese sujeto puede representar un problema o un peligro. Es decirle al sujeto requerido que “por ser” como “parece que es” es un problema, y que por eso es necesario conocer su identidad. Esta forma de intervenir es distinta a la habilitación de intervención policial ante una actitud sospechosa en que se presupone que hubo o hay un “hacer” que se sospecha delictivo. En este segundo caso la normativa requiere que haya una vinculación directa entre un eventual delito y la intervención policial. En el primer caso, en cambio, habilitado en el ámbito porteño, no hay normativa, sino solo habilitación judicial (por un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires) a intervenir “porque sí”. Se viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que puede hacerse todo lo que no esté prohibido por ley. En este caso, no solo no se deja hacer algo que no está prohibido, sino que ni siquiera se deja “ser”.

Si la detención y averiguación de identidad por “ser” “x”, o la agresión policial con balas de goma contra el “ser” “x”, no tienen relación con la comisión de delitos, sino con sujetos que “son” la “x” del día, debe tenerse mucho cuidado. Esa “x” puede reemplazarse en todo momento con cualquier contenido decidido en forma unilateral e inminente por el uniformado en turno, de acuerdo a directivas más o menos explícitas recibidas de la superioridad directa (el comisario) o indirecta (el presidente del Estado). Esa “x”, de acuerdo a lo que ha sucedido y pudo verse en los últimos días (lamentablemente informado solo en pocos medios), puede ser tanto un trabajador despedido reclamando por derechos, o puede ser un niño de ocho años bailando murga y agredido con balas de goma por parte de la gendarmería porque “es” habitante de la villa 1-11-14, o puede ser un operario terminando su jornada.

Si se dan patrones en estas detenciones, formas repetidas de acuerdo a ciertos parámetros, y si esos parámetros son el color, la ocupación, la vestimenta o el lugar del “ser”, entonces se viola también el derecho a la igualdad. No es simple ampliación de intervención policial a situaciones de no delito, sino que se trata de criminalización de la pobreza. Cada intervención de la policía representa un contacto inmediato, tangible y físico de un sujeto con el sistema penal. Se relaciona a ese sujeto con una actividad criminal. Y esto es una forma temprana de criminalización.

Hace pocos días jóvenes trabajadores que salían de una fábrica en el barrio de Flores fueron obligados a ponerse en fila, de espaldas a los policías (que no llevaban placa identificatoria) y con las manos en alto contra la pared, para             que presenten uno a uno su documento de identidad, mientras eran cacheados corporalmente por los agentes en busca de armas. Esta ha sido y sigue siendo en gran parte del mundo una técnica de requisa policial en situación de delito, de requisa penitenciaria en situación de encierro, y de requisa a transeúntes en regímenes autoritarios de derechos individuales suspendidos. En un barrio porteño, a la tarde, sin situación de delito, esta medida es una expresión retrógrada de un Estado de policía que interviene sobre ciudadanos que no dieron más motivo que el “ser” trabajadores morochos (tal vez solo más morochos que el resto de los morochos) de condición humilde. Podemos imaginar un tipo penal que diga algo así como “El que sea muy morocho y algo pobre será penado con la posibilidad de requisa policial en cualquier momento y lugar en que se encuentre”. Esta sería una regulación de derecho penal de autor (se interviene por el quién) y no de derecho penal de acto (se interviene solo por el delito que se comete o se intenta cometer). A nadie se le ocurriría redactar algo así, tan palmariamente violatorio de varias garantías constitucionales. Sin embargo, de facto, es lo que está sucediendo. La facultad policial de averiguación de identidad habilitada recientemente ha abierto estas y otras formas de intervención violenta, humillante y violatoria de las libertades más fundamentales de cada habitante (los “x” de hoy, los “x” de mañana), lo cual es un oscuro retroceso democrático.

La selectividad del sistema penal no es nueva. La discriminación en la aplicación de las medidas de control social duro, tampoco. La violencia intrínseca de las fuerzas de seguridad, mucho menos. Lo que es llamativo y preocupante es que estas prácticas están siendo no solo habilitadas sino que expresamente fomentadas por el discurso político-institucional. Se trata del Estado de Derecho diciendo con voz cada vez más fuerte, que no quiere ser Estado de Derecho. Se trata del Estado que dice que no quiere autolimitarse respetando el Derecho y los derechos. Por eso estas prácticas y estos discursos deben ser repudiados y denunciados no solo por especialistas, sino por toda ciudadana y todo ciudadano (cuanto menos, por aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos que hablan de democracia y derechos con simpatía, que tienen en alta estima su libertad y dignidad, y que esperan que el Estado las respete y las siga respetando).

Quienes no se interesan por estas cosas, creen que no les toca ni les tocará ser “x”, y tampoco se sienten incómodos por la violación estatal de derechos ajenos de adultos y niños, pueden ignorar todo esto si lo desean. Solo habría que recomendar que con esa indiferencia no se caiga en complicidad, ni en necedad. Es cómplice quien conoce el discriminatorio uso de la violencia en contra de muchos y en favor de pocos, y aplaude ese uso por considerar que se beneficia de él (beneficio en la calle, beneficio económicamente o beneficio estético, incluso). Y es necio quien a estas alturas de las historias argentinas y mundiales no sabe que un Estado que se habitúa a usar cada vez más su espada, su revólver o su fuerza aérea (contra el “ser” “x”), reduce cada vez más su capacidad de dar la mano y de debatir (con todo el abecedario).