El diputado provincial Hugo Pérez (Frepam) presentó un proyecto en el que propone que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Política Social en coordinación con la Subsecretaría de Trabajo, cree un registro permanente de trabajo para los liberados de las cárceles de la provincia de La Pampa.

La iniciativa propone que el Ministerio de Bienestar Social sea la autoridad de aplicación. La Subsecretaria de Trabajo abrirá y llevará un registro de empresas que operen en la provincia donde exista la posibilidad concreta laboral para reubicar al liberado y/o egresado de las cárceles.

Los beneficiarios de esta ley serán todos aquellos “liberados y/o egresados de las cárceles provinciales que se presenten al organismo de aplicación, solicitando ocupar una vacante del registro a que se hace mención en el artículo 2º y será obligación de la autoridad de aplicación informar de las gestiones realizadas para ubicarlo”.

El proyecto establece que la autoridad de aplicación “otorgará a los beneficiarios de la presente ley, certificación probatoria y provisoria de aptitud laboral del liberado, la que deberá ser refrendada por autoridad competente y suplirá el certificado de buena conducta exigido por las empresas inscriptas en el registro público de trabajo”.

También prevé que “en toda obra pública estatal las empresas que se presenten deberán incorporar un diez por ciento de personas de este registro al plantel laboral”.

Pérez, en los fundamentos, dijo que “la propuesta busca ser una herramienta eficaz para cubrir la necesidad de falta de mecanismos que inserte en la sociedad a quienes salen de prisión. La urgencia de tener una ocupación digna en la cual volcar la propia personalidad es mayor para quienes han dejado la cárcel”.

El legislador destacó que “el trabajo inestable, el subempleo y el desempleo son circunstancias que afectan al individuo y a su familia, deterioran la calidad de vida, empujan a problemas psíquicos y adicciones”.

“El síndrome de prisión aparece cuando se recupera la libertad: la condición de ex presos les impedirá que sean contratados laboralmente. Llevan el estigma del condenado. Y si no tienen adónde ni de qué vivir, volverán a quedar al borde del delito”, afirmó.

Pérez resaltó que “el objetivo principal de esta ley es facilitar la transición de las personas hacia el empleo formal y de calidad en áreas de interés común dentro de un marco de colaboración pública”.

Fuente: http://www.diariotextual.com/index.php/sociedad/26367-diputado-propone-crear-un-registro-de-trabajo-para-los-liberados-de-las-carceles-pampeanas

La firma transnacional de origen canadiense Goldcorp posee 70 por ciento de la mina El Morro, que se emplaza en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, unos 800 kilómetros al norte de Santiago.

El proyecto, que según la firma implica una inversión de 3.900 millones de dólares, consiste en la construcción y operación por 14 años, prorrogables, de una mina a tajo abierto, de la cual se espera obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre por día.

El emplazamiento minero utilizará unas 2.500 hectáreas, afectando una amplia zona desde la cordillera de los Andes hasta la costa del océano Pacífico, en la que se encuentran grandes extensiones de tierras de los huascoaltinos.

La decisión de la Corte del 27 de abril dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental de las autoridades regionales que autorizó la construcción y operación de El Morro.

También confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que indica que para la obra en cuestión no se evaluaron los efectos, características y circunstancias señaladas en la Ley 19.300 sobre bases generales de ambiente, relativo al reasentamiento y alteración significativa de sistemas de vida o costumbres, en este caso, de la comunidad diaguita.

La Corte Suprema de Justicia estableció, además, que se violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor en Chile en 2009 y que establece derechos a los pueblos indígenas y tribales, la Ley Indígena, y derechos consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La sentencia en el caso de El Morro da cuenta de una jurisprudencia asentada en Chile en cuanto a que se debe respetar el derecho a la consulta previa a los indígenas respecto de las medidas administrativas o legislativas que puedan ser susceptibles de afectarlos directamente, según el convenio de la OIT”, dijo a IPS la abogada Consuelo Labra, del Observatorio Ciudadano, organización patrocinante en la acción legal.

Labra precisó que, a partir de la sentencia, el proyecto El Morro debe paralizar todas sus faenas y “no tiene permiso para hacer algo en el territorio de los huascoaltinos” mientras no se realice la consulta.

La normativa establece que, al ser el Convenio 169 un instrumento internacional, deberá ser el Estado de Chile el que lleve adelante la consulta. Sin embargo, ese proceso no está regulado a cabalidad aún en Chile.

“A fines de 2009, cuando terminaba el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) hubo una regulación transitoria establecida en el decreto ley 124, pero al final resultó perversa ya que coartó la implementación de los procesos de consulta y redujo mucho el ámbito de aplicabilidad”, explicó a IPS el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva.

El experto añadió que en ese aspecto Chile está muy atrás por ejemplo de Perú y Bolivia, donde existen legislaciones específicas sobre consulta.

Pero las organizaciones indígenas no han detenido sus reclamos ante esta carencia. Esa actitud es la que llevó a los huascoaltinos a apelar frente a la construcción del megaproyecto El Morro en su territorio ancestral.

“No necesitamos ni a la minera ni al gobierno para desarrollarnos. Hay varias iniciativas que llevamos adelante como comunidad, como el desarrollo de una zona trabajada como área silvestre protegida privada, que será la mayor reserva natural indígena del norte chileno”, indicó Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos.

Campusano explicó que cuando existe un plan de desarrollo y un proyecto como comunidad, la firma minera no solo impacta en materia medioambiental, sino también afecta al plan de desarrollo al que cada pueblo tiene derecho.

“Nuestro lema en esta iniciativa es ‘guardián de la naturaleza’, porque eso somos, es nuestra naturaleza. Los proyectos mineros no caben aquí”, aseveró.

“No somos pueblos que vivamos alrededor del proyecto minero, sino que el proyecto se viene a instalar en el centro mismo de nuestro territorio ancestral”, cuestionó.

El escenario complica la continuidad de los proyectos frenados por la Corte Suprema, cuya resolución, en el caso de El Morro, no es inédita. Por el contrario, desde hace tres años diversas comunidades indígenas presentan recursos de protección ante la justicia en busca de la cabal aplicación del Convenio 169.

El primer caso ganado fue el del centro de transferencias de basura en Lanco, 839 kilómetros al sur de Santiago, próximo a comunidades mapuches.

Otro proyecto emblemático es el Parque Eólico de Chiloé, casi 1.200 kilómetros al sur de Santiago, que fue paralizado por el máximo tribunal del país tras un recurso de protección presentado por comunidades mapuches.

“El Morro es resultado de todo este proceso”, explicó Silva.

“Hemos avanzado con las comunidades desde un desconocimiento de la normativa específica que les entregan los derechos a un reconocimiento prácticamente incuestionable sobre la forma de implementación de los mismos”, añadió.

La minera Goldcorp indicó, tras el fallo, que sus primeras acciones serán reunirse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ver los pasos a seguir.

Sin embargo, el desconocimiento de la normativa y la implementación de las consultas ciudadanas, así como la oposición de las comunidades indígenas, hacen casi imposible que el proyecto se reanude en el corto y mediano plazo.

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/la-justicia-chilena-reconoce-el-derecho-de-los-indigenas-a-ser-oidos.html

La sentencia ha sido emitida durante la última vista del juicio celebrado a lo largo de más de un año en el Alto Tribunal de Kuala Lumpur, en presencia de Luis Alfonso, de 47 años, José Regino (36) y Simón González Villarreal (33) , así como de otros dos acusados, un malasio y un singapurés.

“Se les condena a ser ahorcados hasta morir”, dijo el juez al final de una visita de cerca de una hora de duración en la que expuso sus conclusiones y dio lectura a párrafos de la legislación penal en materia de narcotráfico.

Después de que se diera a conocer el fallo, el abogado Kitson Foong, del equipo que ha llevado la defensa de los mexicanos, indicó que recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

El fallo que condena a muerte a los cinco acusados fue leído por el mismo magistrado que ha presidido el juicio, Mohamed Zawawi, conocido por el apodo del “Juez Soga” por las numerosas penas de muerte que ha dictado a lo largo de su carrera judicial.

Zawawi consideró probado que los tres hermanos mexicanos y los otros dos acusados habían producido estupefacientes y se basó sobre todo en los rastros de droga encontrados en las ropas que vestían cuando fueron detenidos, el 4 de marzo de 2008.

Luis Alfonso, José Regino y Simón González Villarreal han mantenido que son inocentes desde su detención y alegado que ellos se dedicaban a las tareas de limpieza de la nave en la que fueron sorprendidos por los agentes que participaron en la operación.

La legislación penal de Malasia considera el narcotráfico un grave delito para el que sólo prevé la pena capital, que en este país asiático se lleva a cabo en la horca.

Los hermanos originarios del estado de Sinaloa fueron detenidos por la policía junto a los otros dos acusados en una nave industrial de Johor Baru, ciudad portuaria fronteriza con Singapur, en la que fue descubierto diverso material para hacer metanfetaminas, varios precursores químicos y cerca de 29 kilogramos de esa droga, de los que un tercio desapareció del almacén en el que era guardado bajo custodia policial.

La defensa mantuvo durante el juicio que las incongruencias detectadas en los listados del material y la droga incautada aportados por peritos policiales y la desaparición de parte del alijo de estupefacientes, supone una “manipulación de las pruebas” y “vulnera” los derechos fundamentales de sus clientes, por lo que solicitó sin éxito la anulación del juicio.

Fuente: http://cosecharoja.fnpi.org/tres-mexicanos-condenados-a-morir-en-la-horca-en-malasia/

El 6 de mayo a las tres de la madrugada sonaron siete balazos en el barrio El Gaucho, de Burzaco. Uno de ellos llegó a la espalda de Lautaro Bugatto, jugador juvenil de Banfield, y le quitó la vida. Las primeras versiones indicaron que había sido un cruce de disparos entre policías y ladrones. Ayer, los peritos determinaron que la única arma en el hecho pertenecía a Damián Benítez, agente dela Bonaerense 2 que a esa hora viajaba en un Renault 12 junto a su mujer.

Unas horas después del hecho, el auto estaba en manos de la familia del principal sospechoso. “El Renault 12 en el que viajaba el imputado”, explicó a Cosecha Roja Lucio De la Rosa, abogado de la familia de la víctima, “estuvo en poder de su concubina en las 24 horas siguientes al hecho. No sabemos qué pasó con ese auto, qué le pudieron hacer, pues se lo entregaron a ella con firmas oficiales y esto es claramente una irregularidad”.

Lautaro, de 20 años, iba a una fiesta con dos amigos. Cerró la puerta de su casa y al intentar subirse al Peugeot 206, cayó al suelo. Lo llevaron a una clínica y no dejaron ir al presunto responsable, un policía vestido de civil. Al día siguiente, a las 14:20, Benítez, imputado oficialmente por homicidio simple con dolo eventual, declaró en la Unidad de Instrucción Fiscal N.º 5, de Lomas de Zamora, que había disparado contra dos ladrones para evitar que a su hija le robaran una moto. Según su versión, él y su mujer acompañaban desde el auto a la chica de 17 años.

La historia comenzó a desmadejarse cuando el fiscal Juan José Vaello dio los resultados de las pericias iniciales: primero, que la bala que le perforó el pulmón al futbolista salió de un arma oficial. Segundo, que todos los casquillos hallados en la zona pertenecían a esa misma arma, es decir que la única pistola en uso era la del imputado. Si hubo ladrones, lo que tampoco se ha comprobado, pues no se ha podido identificarlos, ellos no accionaron armas.

“El policía disparó sin que la amenaza hubiera sido de igual a igual”, dijo a Cosecha Roja Gonzalo Bugatto, hermano del fallecido. “Lo de mi hermano trascendió porque era futbolista, pero el día en que fue asesinado pasó lo mismo con un chico de Mendoza, antes había pasado en Rosario y en José León Suárez. Estos casos casi siempre tienen como víctimas a gente humilde a la que pueden involucrar fácilmente sin que pueda defenderse”.

Fuente. http://cosecharoja.fnpi.org/lautaro-bugatto/

El pedido efectuado en la audiencia del miércoles fue respaldado por el resto de las querellas, y los jueces deben definir si hacen o no lugar al planteo.

“Es una petición de nueva prueba que está vinculada con una gran cantidad de testimonios que hablan de habeas corpus rechazados. El hábeas corpus es una garantía esencial en épocas de legalidad, y en el marco de la dictadura tenían una relevancia superior precisamente por la falta de garantías”, dijo el querellante Marcelo Medrano, en tanto la apoderada Beatriz Gentile, detalló que “queremos determinar cómo actuó la estructura del poder judicial para después saber si el juez o el fiscal encubrió, fue cómplice, actuó, le mintió a la familia… como no lo sabemos exigimos que esta nómina esté para saber qué papel jugó la justicia provincial y federal en esto”, dijo.

Agregó que “queremos tener la nómina de magistrados y saber cómo operaron porque la implementación del plan sistemático necesitó de sojuzgar al poder judicial y otras instituciones, como en este juicio tenemos testigos que manifestaron que presentaban hábeas corpus que no eran respondidos, queremos saber si la ciudadanía tuvo algún tipo de defensa de las instituciones provincial o federal”, dijo Gentile.

Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/la-actitud-de-los-jueces-en-la-dictadura-878312-9544-nota.aspx

Página/12 intentó ubicar a Robledo, pero el legislador no contestó los llamados. Líder de la Unión Obrera de la Construcción pampeana, se lo señala muy cercano a Gerardo Martínez, titular de la Uocra nacional. Una hija suya, Liliana Robledo, es concejal de Santa Rosa.

Está previsto que la sentencia se dé a conocer mañana. El juicio oral y público comenzó la semana pasada y tuvo hasta ahora dos audiencias públicas. En la primera, Barría relató los hechos que le imputa al diputado. La defensa centró su atención en contradicciones en su testimonio, mientras algunos testigos hablaron de “marcas y hematomas” por presuntos golpes anteriores del hombre a su ex pareja. El fiscal Aberásturi pidió como pena dos meses de prisión en suspenso. La defensa, su absolución por “inexistencia del delito” y errores en el procedimiento judicial.

El caso es paradigmático porque el acusado es un diputado nacional. El fiscal sostuvo en su alegato que por pericias y testimonios quedó constatado que no sólo fue un golpe lo que recibió Barría, sino que venía sufriendo de parte de él amenazas y violencia psicológica en general. Aberásturi encuadró el hecho que se está juzgando “en la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales”. “Si bien es cierto que esta ley no agrava el delito de lesiones leves, permite contextualizar la situación en la que sucedió el hecho, porque ocurrió en una situación de desigualdad de poder en la que se ha visto afectada la salud de una mujer”, afirmó el fiscal.

El Tribunal que tiene a su cargo el juicio oral y público, que se lleva adelante en General Pico, está integrado por los jueces Florentino Rubio, Carlos Pellegrino y Luis Abraham. Durante el juicio oral y público. Robledo optó por no declarar.

El hecho denunciado habría ocurrido el 3 de abril de 2011, alrededor de las 19.25, en la esquina de Diagonal 529 y Calle 40, de esa localidad, cuando la mujer se dirigía a la casa de una amiga. “Robledo la cita en un lugar en el que siempre se juntaban para entregarle dinero para la manutención de la criatura”, afirmó el fiscal en su alegato. “Se produce una discusión por el importe que le debía dar” y “Robledo de arriba del auto le pega un puñetazo a ella”, agregó. También dijo que distintos testigos afirmaron que “había una continuidad de hechos de violencia” del diputado hacia la mujer. La defensa, a cargo de los abogados Norberto Paesani y Emir Koncurat, apuntó a descalificar el relato de Barría y la acusación. Varios testigos presentados por la defensa acusaron a la mujer de “mitómana, ciclotímica, manipuladora”, y afirmaron que su único fin era el dinero.

Paralelamente, Robledo enfrenta un juicio de filiación. Barría aseguró en el juicio que “siempre nos peleamos por mi hija, hasta hoy estoy peleando para que la reconozca, con un ADN positivo, todavía espero que la reconozca”. Barría afirmó que desde el episodio de la trompada “le tengo pánico” y reveló que, por intermedio de terceras personas, el diputado trató de llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Aseguró que existieron “presiones” y allí nombró a dos personas vinculadas con el legislador que le ofrecieron de parte de Robledo 100.000 pesos para comprarle una casa y dejar las cosas como estaban. También reconoció una reunión con Robledo en González Moreno, en el límite de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y otra en el Congreso de la Nación, hasta donde Barría viajó con una amiga, con los gastos pagos por el diputado nacional, donde volvió a intentar solucionar el tema. En estos encuentros, dijo ella, Robledo insistió en que el problema era “una cuestión política”, mientras la mujer aseguró que en la actualidad “no me liga ninguna cuestión sentimental, me liga nuestra hija”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194199-2012-05-17.html

“La Corte tiene que resolver la situación de Carrera desde hace más de dos años. A pesar de que ésta es una causa pública donde la inocencia de Fernando es tan evidente, los ministros aún no se han expedido. Por eso Carrera empieza una huelga de hambre, para que todo esto concluya de una buena vez, para bien o para mal”, explicó Ravina. Consultado sobre la forma en que podría definirse el planteo en el que se insiste en la inocencia de Carrera, su abogado precisó que “la Corte puede absolverlo y dejarlo en libertad, aplicando el fallo ‘Casal’ y la ‘Teoría del Máximo Rendimiento’, que permite revisar todos los hechos, sin necesidad de que se tenga que hacer un nuevo juicio oral”.

Según Ravina, su defendido “no entiende las razones por las cuales sigue preso y eso lleva a que se planteen casos curiosos”. Relató que días pasados “un guardiacárcel fue a su celda en Marcos Paz y le dijo: ‘¿Vos qué hacés acá? Yo vi tu película, vos sos inocente’”, en referencia al film de Piñeyro. El defensor mencionó también el informe que hizo público hace unos meses el Ministerio de Seguridad nacional, con la firma de su titular, Nilda Garré. Ese documento critica no sólo el accionar de los policías que siguieron y balearon a Carrera sino que se pone en duda la veracidad de los principales testimonios que involucraron al condenado, un hombre que trabajaba como vendedor y no tenía antecedentes penales.

“En ese informe –sostuvo Ravina– se acredita que la instrucción del caso está plagada de irregularidades y por esas razones se revoca el sobreseimiento administrativo de todos los policías que participaron.” En su dictamen, Garré ordenó volver a investigar a ocho policías de las comisarías 34ª y 36ª que intervinieron en el operativo en el que Carrera terminó detenido. Hoy, antes de que Carrera inicie la huelga, se proyectará en la plaza principal de la localidad bonaerense de Salto, su ciudad natal, el documental que narra su historia. Piñeyro opinó que el film “desentraña cómo la comisaría 34ª armó toda la causa”.

Bajo la consigna “Salto por Fernando”, la proyección de la película contará con la presencia de su director, toda la familia Carrera, amigos y vecinos del lugar. Una vez que termine la función, en el penal de Marcos Paz, Carrera iniciará su huelga de hambre “con la intención de encontrar justicia después de siete años sin condena firme”, puntualizó Ravina.

En la cárcel, Carrera, casado con Guadalupe y padre de tres hijos, terminó el secundario, realizó el Ciclo Básico Común (CBC) y actualmente estudia Derecho. El hecho ocurrió el 25 de enero de 2005 y la condena a 30 años se la aplicó el Tribunal Oral Criminal Nº 14. Carrera, que venía en su auto desde la zona de Mataderos, fue perseguido por la policía. En su defensa, Carrera dijo que huyó porque las personas que lo seguían en un coche, sin identificación y sin uniforme, parecían ladrones, y que perdió el control del rodado en el que iba porque lo hirieron en la cabeza.

Foto: María Luz Juliano
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194204-2012-05-17.html

Los dos grupos de internos se trenzaron con facas y arpones, hasta que Naranjo cayó apuñalado y otros dos internos resultaron con heridas de no tanta consideración. Se trata de Marcos López y Maximiliano Paz. Naranjo recibió un puntazo en el abdomen y fue intervenido quirúrgicamente. Los médicos aseguraron que no murió de milagro.

Por la tarde del mismo día se produjo una nueva pelea, esta vez en el acceso al SUM de visitas, donde la pelea se desató entre internos de dos pabellones diferentes. Resultaron heridos Nicolás Gauna y otro interno de apellido Velazques.

Lo llamativo, si es que no sigue siendo llamativa tanta violencia intracarcelaria dirigida, es que se produjo a las pocas horas de la visita de funcionarios de nivel nacional y provincial a las tres unidades del complejo, U46, U47, y U48.

Una resolución de la Suprema Corte bonaerense sugirió a la procuradora de la SC, María del Carmen Falbo, que unifique todas las investigaciones sobre casos semejantes en una sola fiscalía. La intención es averiguar si las peleas son dirigidas desde arriba. Por ahora, no hay señales de unificación.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194205-2012-05-17.html

Washington, D.C. – En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) urge a los Estados a adoptar e implementar las medidas necesarias para erradicar la discriminación por razones de orientación sexual y de identidad y expresión de género.

La Comisión nota que en algunos países de la región se han registrado avances legislativos en materia de identidad de género, una reivindicación principal de las mujeres y hombres trans; en otros se ha avanzado en la adopción de legislación contra la discriminación. La CIDH celebra estos avances e insta a los Estados a profundizarlos teniendo en cuenta su obligación de asegurar la igualdad ante la ley y la no discriminación con base en orientación sexual e identidad de género.

La Comisión continúa recibiendo información sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia y exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex. Asimismo, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes, lo que conlleva, en parte, a que no se abran líneas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. La inefectividad del sistema de justicia fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la total indefensión.

La CIDH también manifiesta su preocupación sobre la legislación que criminaliza la homosexualidad y algunas expresiones de género, como el uso de prendas tradicionalmente asociadas al sexo opuesto, y sobre las consecuencias que, en la vigencia plena de los derechos humanos, pueden tener estas legislaciones.

La CIDH urge a los Estados americanos a adoptar acciones para evitar y responder ante estos abusos a los derechos humanos y garantizar que las personas LGTBI puedan ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, incluyendo la adopción de políticas y campañas públicas, así como las reformas necesarias para adecuar las leyes a los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La Comisión está a disposición de los Estados para colaborar, en el marco de sus funciones, a fin de avanzar en este sentido.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a título personal.

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/051.asp