Viedma.- (APP) El secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, destacó la creación la creación del Registro de Violencia Institucional que funcionará en el ámbito del Archivo Provincial de la Memoria, ya que “para tener una buena política pública, se necesita tener buena información”. Dijo que “actualmente preocupa, no sólo en Río Negro, sino en todo el país, la violencia policial”, explicitando a la agencia APP que “todos los días me llegan denuncias de todo tipo, pero las más graves son las de violencia policial, hostigados, golpeados, hubo por ejemplo casos graves en Bariloche”.





Busso señaló que en este registro se incluirán desde los casos más extremos, como los denominados de gatillo fácil policial, hasta “los de una persona que es maltratada en un organismo público”.

Dijo que “actualmente preocupa, no sólo en Río Negro, sino en todo el país, la violencia policial; y no se puede combatir el delito, cometiendo delitos”.

Informó que “todos los días me llegan denuncias de todo tipo, pero las más graves son las de violencia policial, hostigados, golpeados, hubo por ejemplo casos graves en Bariloche”.

“Como personas humanas tenemos todos derecho al buen trato, y eso implica además que tampoco un usuario o un vecino puede maltratar a un agente del Estado cuando va a pedir algo que no corresponde o que no se puede resolver”, consignó a la agencia APP.

Explicó sobre el objetivo del registro que “para tener una buena política pública, se necesita tener buena información”.

Explicitó que las tareas del registro serán, entre otras, «mantener una base de datos con la información, sistematización e interpretación de hechos de violencia institucional denunciados, así como presentaciones ante organismos no gubernamentales, establecimientos educativos u otros ámbitos elegidos por la víctima o sus familiares».

Además, el registro permitirá dar seguimiento y recopilar información sobre las acciones administrativas o causas judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional, y elaborar informes periódicos, con el objeto de ponerlos a consideración de los poderes públicos y de la comunidad provincial y nacional.

La decisión se toma a raíz de la preocupación de la Secretaría de Derechos Humanos por las repetidas situaciones de violencia institucional que se registran en todo el país. (APP)

 

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