Primera jornada del juicio político al juez de Ejecución Penal Axel López ante el Consejo de la Magistratura, acusado por su de-sempeño en el caso de Juan Cabeza, quien gozando de la libertad condicional secuestró y mató en Resistencia, Chaco, a Tatiana Kolodziey. Jornada extraña aunque previsible (ítem último que se desarrollará leyendo las próximas líneas): la acusación titubeó en los motivos que le imputaban al juez. De hecho, en su presentación del caso, el acusador titular, Jorge Candis, reconoció que Axel López “cumplió con la ley” pero “debió ir más allá”, previendo la “conmoción social” que podía provocar la libertad del condenado. No fue metafórico que lo acusaran de no apartarse de la ley. El hecho, en sí mismo sorprendente, motivó la reacción de la defensa, encabezada por Raúl Zaffaroni, que pidió la conclusión del juicio por “inexistencia de un hecho imputable”. El tribunal recibió el pedido y respondió que la cuestión será respondida al finalizar el juicio, con lo que existe la posibilidad real de que el juicio sea declarado inútil, pero cuando termine. Después de un cuarto intermedio siguieron dos testigos de la acusación, Vivian Perrone, de las Madres del Dolor, y la senadora por Chaco María Inés Pila-tti Vergara (FpV), quienes respondieron de algún modo las preguntas que les fueron planteando acusación y defensa.
El juicio se lleva a cabo en la sala Horacio Biloch Caride del tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731. El tribunal de juicio está conformado por Mario Reynaldi como presidente (juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz); Beatriz Fontana (camarista laboral); Rodolfo Urtubey (senador por Salta del FpV); Oscar Castillo (ex gobernador de Catamarca y senador UCR); Anabel Fernández Sagasti (diputada por Mendoza FpV) y Diego Mestre (diputado por Córdoba UCR). La presentación de cada parte se extendió por unos minutos. La defensa, conformada por el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, Federico Paruolo y Adrián Albor, todos abogados penalistas. La acusación, constituida por Jorge Candis, juez laboralista de Lanús, y el diputado por Corrientes (UCR) Gustavo Valdés.
Qué se debatirá en los próximos tres o cuatro días quedó de alguna manera demarcado en las presentaciones que ayer realizó cada parte. Mientras que la defensa, en unos dos o tres minutos, sostuvo que Axel López era inocente porque sus disposiciones se habían enmarcado dentro de los límites que le impone la ley, la acusación tomó unos 10 o 15 minutos para sostener sus fundamentos. Tomó la posta el laboralista Candis, quien soslayó la cuestión penal, pero intentó impresionar repasando detalles escatológicos de los delitos cometidos por Cabeza. A pedido de la defensa, el tribunal rechazó la enumeración de los casos anteriores, porque ya habían sido rechazados como acusación por el Consejo en la denuncia anterior. Y enumeró una serie de cuestiones que bien hubieran servido para la argumentación de la defensa: empezó diciendo que “sabemos que el juez cumplió con la ley”, agregó que el Servicio Penitenciario Federal realiza informes “lamentables” (en esta causa, Axel López otorgó la condicional apoyado en parte porque el SPF lo había evaluado positivamente); reconoció que el Patronato de Liberados “no funciona como corresponde” en su seguimiento y asistencia de quienes gozan, por ejemplo, de libertad condicional (en este caso, tendría que haber conocido sobre el modo en que se las arreglaba Cabeza para sobrevivir fuera de prisión). Y después dijo que “si bien cumplió con los requisitos legales, la actuación del juez va más allá”. Reconoció que Axel López se “ampara en que está en Capital y el caso ocurrió en Chaco”; que se “ampara en la cantidad de causas” que lleva (más de un millar) y en que subroga otro juzgado (actuación a la que un juez está obligado porque las ordena un órgano superior); y que “por eso le resulta fácil liberar” y de ese modo “demuestra una falta de compromiso con su cargo”. Sostuvo que Axel López “incumplió el artículo 13 del Código Penal” que determina las condiciones de la libertad condicional y sostuvo que “la Justicia debe garantizar la vida y la seguridad de la gente”, sustantivo en el que no incluyó a los condenados.
La defensa planteó que no existía imputación, ya que la acusación consideró que López había cumplido con la ley, que no hubo otra presentación y que el control de los fallos de un juez los realiza el superior en línea judicial. Por lo tanto, pidió la finalización del juicio. La acusación pidió un cuarto intermedio; memorizó los detalles de la imputación original y regresó para decir que la acusación ya había sido planteada antes de la elevación a juicio. El presidente del tribunal, entonces, resolvió diferir el tratamiento de la cuestión para el final del juicio.
A las 14 siguieron dos testigos de la acusación: Vivian Perrone, de la ONG Madres del Dolor; y la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara. Pilatti dijo que “la repercusión social y la indignación que estos hechos producen en la sociedad” la motivaron a presentar el pedido de juicio. Nada más lejos que montarse a la cresta de la ola. Cuando le preguntaron por cuestiones penales específicas, dijo que las desconocía porque es abogada pero no penalista. Y defendió al psiquiatra Ramiro Isla (cuyo informe negativo no fue de peso suficiente para López). Cuando le preguntaron los motivos por los que lo defendía, dijo que “en los pueblos nos conocemos todos y para mí es buena gente”. Perrone no se apartó de esa línea. Desconocía estadísticas que señalan que son más los reincidentes de delitos sexuales que cumplieron toda la condena (28 por ciento) que los que salen en libertad condicional (8 por ciento), porque tienen control estatal. En realidad, la suposición es que no salgan. Dijo que igual su ONG no se interesa en estadísticas.
La audiencia continuará hoy. Se prevé que los testimonios se extiendan hasta el jueves y los alegatos tengan lugar el viernes. La semana siguiente se conocerá la sentencia.
Y se sabrá si tiene sentido hacer el juicio.
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