COMITÉS DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En septiembre de 2019 se inició en la cárcel de Batán una experiencia inédita para el sistema penitenciario Argentino: la puesta en funcionamiento de un programa de prevención y solución de conflictos. Buscando la pacificación de la vida en las cárceles, y frente a la emergencia del sistema la novedosa herramienta comienza a dar resultados comprobables hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.



Filosofía del programa

En toda comunidad ocurren conflictos. Frente a ellos existen dos posibilidades: sancionar a responsables o gestionar el conflicto de modo creativo para restaurar la paz y evitar su repetición. Un camino es corto y sencillo, muy funcional a las prácticas de las burocracias estatales, remisas a complicarse la vida. El otro camino es un desafío constante y una apuesta a la convivencia.

La segunda opción se relaciona íntimamente con las modernas tendencias en materia penal, contenidas como un claro mandato en todos los códigos procesales de última generación: la justicia restaurativa. Esto es, la respuesta evolucionada a los conflictos, reservando la sanción estatal para aquellos casos donde no sea factible encontrar una solución mejor y más constructiva.

El Programa de Prevención y Solución de Conflictos se enrola, decididamente, en esta última tendencia. La tendencia de la resolución alternativa de los conflictos, donde se recurra a la respuesta disciplinaria sancionadora en caso de no existir otras opciones, o cuando lxs protagonistas no se avengan, de modo voluntario, a transitar estas experiencias.

Funcionamiento práctico

El mecanismo es bastante sencillo: ingresado el parte del conflicto a la oficina respectiva se ofrece al o lxs infractorxs ingresar voluntariamente al protocolo. De aceptarse el ofrecimiento se inicia un proceso tendiente a desentrañar los motivos del conflicto y buscar que lxs responsables de su producción asuman la responsabilidad por sus actos.

Asumir la responsabilidad de los actos no tiene un sentido represivo ni sancionador. Implica reparar en el más genérico sentido del término: pedir disculpas, arreglar lo que se rompió, hacer tareas en beneficio de la comunidad, colaborar con la no repetición de los hechos, arbitrar los medios para volver las cosas a su anterior estado. En este sentido, no son pocas las ocasiones en que se pide al o lxs protagonistas del conflicto que sean ellxs mismos quienes propongan cuál sería el acto o tarea que estarían dispuestos a realizar para reparar las consecuencias del conflicto, dando cuenta de la noción de responsabilidad.

Si el infractor cumple las condiciones y en un plazo que puede ir de los 30, 60 a 90 días no comete una nueva infracción, la acción disciplinaria se extingue y no quedan registros en el legajo personal. Como es obvio, la no registración de la sanción disciplinaria en el legajo personal tiene un alto valor jurídico para las personas privadas de la libertad al momento de solicitar el acceso a los distintos institutos de libertad anticipada. La práctica demuestra que uno de los principales obstáculos para el acceso a la progresividad de las penas suelen ser los informes criminológicos basados en el historial disciplinario de la persona. El acogimiento al protocolo puede influir positivamente en el régimen de progresividad.

Las personas que no deseen adherir al protocolo o las que incumplen las condiciones impuestas continúan con el trámite disciplinario corriente.

Como puede apreciarse, el mecanismo tiene grandes similitudes con la suspensión del juicio a prueba, instituto pionero en nuestro país de la justicia restaurativa que rindió grandes servicios a la causa de la resolución alternativa de conflictos.

El comité

Es gobernado por personal penitenciario, funcionarixs judiciales, religiosxs, educativxs, representantes de la sociedad civil, y personas privadas de la libertad, que se encarga de trazar las políticas y hacer el seguimiento de su marcha.

El Comité se reúne una vez al mes, ocasión en la que se recibe un informe de los casos en que se intervino y las resoluciones adoptadas. Asimismo se delibera sobre las dificultades y ventajas observadas en el periodo anterior, proponiendo estrategias para superar las dificultades y profundizar las ventajas.

El Comité rinde cuentas, al menos una vez al año, frente a la comunidad penitenciaria. La asamblea es un hecho verdaderamente inédito en la vida de la institución penitenciaria, más acostumbrada al manejo vertical del gobierno. La asamblea implica que el Comité rendirá cuentas de lo actuado desde su constitución frente a las personas privadas de la libertad, funcionarixs penitenciarixs, representantes religiosos, deportivos, culturales, educativos, judiciales y políticos. Una vez rendido el informe respectivo por parte de las autoridades del Comité la asamblea tomará la palabra y podrá avalar o cuestionar los distintos aspectos de lo actuado e, inclusive, proponer políticas y/o medidas a tener en consideración para el futuro.

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